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En defensa de la ley de Salud Mental: necesitamos un sistema mejor y más justo para todos

En defensa de la ley de Salud Mental: necesitamos un sistema mejor y más justo para todos
Imágenes del video del atacante a un policía. Foto: captura de video

A la luz del desgraciado episodio en el que un paciente psiquiátrico mató a un policía y luego recibió un disparó que terminó con su vida, y frente a las expresiones públicas es conveniente efectuar algunas aclaraciones.

En lugar de culpabilizar a las dos victimas, los vecinos, la policía, las iglesias, las organizaciones barriales deben ser capacitadas para actuar dignamente, así como los profesionales estar dispuestos a protagonizar la transformación del sistema de salud mental por otro mejor y más justo para todos.

Los padecimientos de salud mental son los problemas de salud más extendidos en el mundo medidos como carga de enfermedad. Según los estudios de la OMS, alrededor de un 23% de los problemas de salud son debidos a depresión, abuso de alcohol, trastornos de ansiedad, entre otros.

En segundo lugar, están las lesiones: suicidio, homicidio, violencia intrafamiliar y accidentes. En tercer lugar se consignan las enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión, EPOC, tumores malignos.

Estos estudios demuestran que los más desatendidos son los problemas de salud mental. Cerca de un 80% de las personas que padecen sufrimiento mental no reciben atención alguna. Es probable que sea el área de mayor rezago en la salud pública.

Una de las razones de tan baja cobertura obedece a que los países basan sus respuestas en sistemas de hospitales psiquiátricos que por definición no respetan los derechos humanos de las personas internadas (basta con recordar la muerte durante la pandemia de un paciente mordido por perros abandonados, en el patio del hospital Borda). Estos sistemas impiden el acceso a la atención y están alejados por motivos económicos, culturales y geográficos. Simultáneamente, insumen enormes sumas de dinero (en Caba es el 8% del presupuesto total de Salud) y resultan ineficaces e ineficientes.

Según el Primer Censo Nacional de Salud mental 2019, el promedio de internación de los más de 12 mil pacientes era de 8 años. El 60% de las personas censadas no tenía motivos para seguir allí y el 60% poseía recursos económicos y vivienda. Hace 30 años en la Declaración de Caracas los países de las Américas se comprometieron a la supresión de los hospitales psiquiátricos en favor del desarrollo de un sistema de salud mental basado en la comunidad, incluido en el sistema general de salud; hospitales generales, atención primaria.

Hace 14 años, las Naciones Unidas sancionaron la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad - CRPD, ratificada por ley por el Congreso Nacional en 2007 e incluida en el texto de nuestra Constitución en 2014. Establece que a toda persona le asiste ejercitar sus derechos de ciudadanía, sea casarse, tener hijos, estudiar, trabajar o votar. En caso de requerir ayuda, el Estado debe procurar los apoyos y soportes adecuados para que puedan seguir ejerciendo sus derechos.

Para los que trabajamos en salud mental esto era un verdadero terremoto a la formación profesional que recibimos que determinaba que una persona con esquizofrenia era crónica, peligrosa, irrecuperable e iba al deterioro progresivo. Esta obligatoria necesidad de actualizar la formación de los profesionales de la salud, es un sensible déficit, aún no salvado. Basta con revisar las currículas en la formación de médicos, enfermeras, psicólogos y psiquiatras, donde el trabajo de desmanicomialización y de intervención en desastres en salud mental se encuentra ausente.

En el otro extremo, encontramos a pacientes y familiares que claman por atención y no encuentran dónde recibirla. Desesperados llegan a abandonar a su ser querido porque nadie les ofreció ayuda (está demostrado que cuando se ayuda a la familia mediante apoyo emocional y material, el pariente es mantenido en su seno, y además, mejora su evolución).

Por otro lado, está la sociedad que desconoce los nuevos derechos, muchos parientes con necesidad de apoyo (pensemos en adultos mayores; niños; adolescentes; o las necesidades surgidas por la pandemia). Los que están en la primera línea, como los trabajadores de la salud son a los que primero hay que cuidar, pero la formación profesional recibida es insuficiente para enfrentar una situación inesperada. También persiste el miedo, la vergüenza o el ocultamiento, junto con la insuficiencia de servicios, donde poder recibir la ayuda adecuada.

Y aquí volvemos a encontrar el dramático protagonismo de los hospitales psiquiátricos, que en su mayoría, alojan a las cátedras que formarán los nuevos profesionales. El aprendizaje del uso racional de psicofármacos es una rareza. En psicología, las prácticas en comunidad son excepcionales. La actualización queda por cuenta de los profesionales interesados . La CRPD plantea la interdisciplina y expresa que no hay un saber más importante que otro. Propone el trabajo en equipo (que está ausente en la formación) para la articulación de los diversos conocimientos a fin de lograr una mejor comprensión de la persona que padece y elaborar la respuesta terapéutica más adecuada.

La ley de salud mental 26.657 se inscribe en este marco, toma en consideración los estándares internacionales de derechos humanos y las experiencias innovadoras en el mundo. La provincia de Río Negro lo es en Argentina desde hace 35 años. No se trata de eliminar métodos terapéuticos, sino, por el contrario, crear un sistema de atención de salud mental que permita el acceso a todos aquellos que lo necesiten: internación en el hospital general, centros comunitarios, hogares de tránsito, atención domiciliaria, cuidadores domiciliarios, etc.

La dificultad no es entonces la ley sino su no aplicación. Sancionada hace 10 años, y a pesar del paso de gobiernos diversos, se ha incrementado insuficientemente el presupuesto. Los hospitales psiquiátricos siguen recibiendo la mayor parte de los fondos y no se han habilitado camas para la internación en hospitales generales, ni centros para rehabilitación.

Durante el 2020 las provincias se han comprometido a presentar los planes para la adecuación y cierre de los hospitales psiquiátricos y el correspondiente desarrollo de los dispositivos para la atención y rehabilitación de las personas, hecho alentador que confirma la vigencia de la ley. De no concretarse, será incumplimiento de una política de estado, comprometida ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como respecto a las recomendaciones de la OMS en la materia.

El campo del derecho ha tomado la iniciativa, con fallos de jueces como con la labor del Órgano de Revisión de la ley o la Unidad de Letrados art 22. Trabajo que, al ejecutar sus resoluciones, se encuentra con la carencia de los recursos ya mencionados.

Existe también una confusión respecto a la supuesta prohibición de la internación, lo que responde al desconocimiento ya expresado. Cuando existe criterio de internación toda persona debe acceder a la misma, en resguardo a su integridad y la de terceros. Pero esto no quiere decir, que quedará internada 8 años en un hospital psiquiátrico. La ley establece que debe acceder a un control de los plazos de internación y que en el primer momento que esté en condiciones, debe promoverse la participación de la persona usuaria en la estrategia terapéutica. Está demostrado que los “normales” matan y se matan más que las personas con padecimiento mental, atendidos en un sistema comunitario.

Está estudiado que en salud mental no hay hospital de especialidad. En la actualidad, con la atención adecuada, una crisis se estabiliza en pocos días. El desafío está en los 355 días restantes del año, para que la persona reciba la continuidad de cuidados que le posibiliten estar incluida dignamente en la sociedad. Eso es lo especializado que se necesita, al igual que para una persona con diabetes o hipertensión. Desde otro ángulo, la depresión de una persona que pierde su trabajo no es un problema de salud mental, sino de política social y laboral. ¿A los afectados por el stress de la pandemia se los enviará a los hospitales psiquiátricos o se les brindará la atención psicosocial en su ámbito cotidiano de vida?

Hugo Cohen es médico especialista en psiquiatría y fue el jefe de Salud Mental de Río Negro entre 1985 y 2000. Además, fue asesor en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS; ex Vicepresidente para Latinoamérica, de la Federación Mundial de salud mental.

por Dr. Hugo Cohen
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