Día clave para el pedido de interrupción de embarazo de una nena de 11 años violada por el novio de su abuela

La víctima de abuso sexual peticionó la aplicación de la práctica prevista en el fallo “FAL”. Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación. En esas circunstancias, el procedimiento no es punible -no genera responsabilidad penal- tanto para la mujer que lo requiere como para los profesionales que lo practican.

Dos organizaciones no gubernamentales locales, Andhes y Cladem, exigieron respeto por la voluntad de la víctima y la puesta en marcha de los protocolos específicos mediante la emisión de un comunicado conjunto. El 22 de febrero, estas entidades se presentaron en la causa de familia para manifestar su interés en participar en ella con el carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).

El delito padecido dejó a la niña embarazada en el centro de procesos judiciales de índole penal y civil, pero la solicitud de interrupción no puede ser judicializada, según la sentencia “FAL”. El voto mayoritario que firmaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt establece que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos y que han de practicarlos pidiendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación. La Corte nacional añadió que los jueces no pueden convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho a interrumpir el embarazo en las circunstancias mencionadas, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, que quedan reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.