Kohen sostuvo que el Tribunal tiene competencia prima facie para intervenir y dictar medidas de protección sin necesidad de pronunciarse sobre la cuestión de fondo vinculada con la soberanía del archipiélago.
Luego, el especialista Nico Schrijver centró su presentación en la urgencia del reclamo y en el riesgo de un perjuicio irreparable. Según explicó, Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio para avanzar hacia un plan concreto de explotación petrolera.
De acuerdo con los datos presentados por la delegación argentina, el emprendimiento contempla hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo.
Schrijver advirtió que, una vez iniciadas las perforaciones, los recursos podrían quedar comprometidos de manera irreversible. Al dirigirse a los jueces, sostuvo: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”.
Después cerró su intervención en inglés con una frase que sintetizó la posición argentina: “If not now, it will be never”, es decir, “si no es ahora, será nunca”.
Cuáles son las cuatro medidas que reclama la Argentina ante el Tribunal del Mar
El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el organismo internacional.
Durante su exposición, cuestionó la estrategia del Reino Unido y rechazó que la controversia sea presentada exclusivamente como una disputa de soberanía territorial. La posición argentina sostiene que el Tribunal puede intervenir en el marco del derecho marítimo para proteger los derechos invocados por el país.
Oyarzábal reiteró que se encuentran cumplidos los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos reclamados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.
En concreto, la Argentina solicitó:
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Impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.
Evitar el uso perjudicial de la información obtenida durante las tareas de exploración.
Permitir que el país cumpla con sus obligaciones internacionales de protección del medio marino.
Prevenir nuevas acciones unilaterales que puedan agravar la controversia.
Cuándo podría conocerse la decisión del Tribunal del Mar
Con las audiencias concluidas, la resolución quedó en manos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Por el momento, no existe un plazo formal establecido para que los jueces se pronuncien sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
Sin embargo, el antecedente del caso de la Fragata Libertad, cuya resolución demoró alrededor de tres semanas, permite tomar como referencia el tiempo que podría demandar una decisión, aunque no implica que el organismo deba repetir esos plazos.
Desde la delegación argentina remarcaron que el reclamo no termina con esta instancia preliminar. Fuentes allegadas a la representación nacional señalaron que el país continuará utilizando todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir lo que considera una explotación ilegítima de sus recursos naturales.
La expectativa ahora está puesta en la respuesta del Tribunal y en si aceptará dictar medidas para frenar el avance del proyecto petrolero británico mientras continúa la controversia internacional.
Malvinas: qué reclama la Argentina en el Caso N.º 37 ante el Tribunal del Mar
La presentación argentina quedó registrada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar bajo el Caso N.º 37, denominado “Caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico Sudoccidental (Argentina contra Reino Unido). Medidas provisionales”.
En el escrito presentado en Hamburgo, la Argentina solicitó la adopción de medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Entre los principales reclamos, el país pidió que el Reino Unido detenga las nuevas perforaciones de exploración y la instalación de infraestructura de producción en la Cuenca Norte de Malvinas, en particular las vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
Además, reclamó que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos argentinos.
La presentación también exige que el Reino Unido no obstaculice las obligaciones de la Argentina de proteger y preservar el medio ambiente marino, y que evite adoptar nuevas medidas que puedan agravar la controversia, como el otorgamiento de otras autorizaciones para explotar los recursos de la plataforma continental en disputa.
El documento fue presentado el 11 de noviembre de 2026 por el embajador Mario Oyarzábal, agente de la República Argentina ante el Tribunal.