La Argentina pidió que el Reino Unido suspenda el avance del proyecto Sea Lion y se abstenga de otorgar nuevas licencias en la zona en disputa. Londres, por su parte, sostiene que la presentación no afecta los permisos vigentes.
A partir de este martes se desarrollan las audiencias ante el Tribunal del Mar (Foto: archivo).
La controversia por la soberanía de las Islas Malvinas y el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion llegó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. Durante la primera audiencia, la delegación argentina expuso los fundamentos de su reclamo y pidió que se adopten medidas para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.
El gobierno de Javier Milei formalizó su presentación el pasado 13 de octubre, al amparo del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En concreto, solicitó que el Reino Unido suspenda cualquier actividad vinculada con Sea Lion, no conceda nuevas autorizaciones para operar en el área, conserve los datos obtenidos durante las tareas de exploración y adopte medidas para resguardar el medio ambiente marino.
Los cuatro planteos fueron detallados al comienzo de la audiencia por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería.
La representación argentina está integrada también por María Ibarzábal, secretaria legal y técnica de la Presidencia; Bettina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Uno de los principales referentes jurídicos de la presentación es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar. El especialista participó en la defensa argentina durante el conflicto por la retención de la fragata ARA Libertad, que en 2012 derivó en una medida provisional del tribunal para ordenar la liberación del buque. También intervino Nico Schrijver, reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre soberanía y recursos naturales.
La estrategia jurídica argentina se apoya principalmente en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. La primera es la 2065, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Malvinas. La segunda es la resolución 31/49, de 1976, que exhortó a ambas partes a evitar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúe pendiente la controversia.
Sobre esa base, Buenos Aires sostiene que la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en discusión constituye una vulneración del derecho internacional.
Durante su exposición, Kohen explicó que la presentación no busca que el Tribunal resuelva quién ejerce la soberanía sobre las islas, sino que proteja los derechos argentinos sobre los espacios marítimos mientras continúa sin solución la disputa territorial.
En ese sentido, afirmó que la Argentina pretende resguardar los derechos que considera propios sobre la plataforma continental y atribuyó la falta de una solución diplomática a la negativa británica a discutir la cuestión de fondo.
El jurista también sostuvo que el reclamo argentino cuenta con fundamentos suficientes para ser considerado plausible. Para respaldar esa posición, mencionó el reconocimiento internacional de la existencia de la controversia por parte de Naciones Unidas y señaló que distintos países respaldan la reivindicación argentina sobre las islas.
Otro de los puntos centrales de la presentación tiene que ver con las consecuencias irreversibles que podría generar la extracción de petróleo. Según el planteo argentino, los hidrocarburos constituyen un recurso no renovable y, una vez extraídos, no podrían ser restituidos mediante una eventual sentencia favorable. Por ese motivo, considera necesario adoptar medidas preventivas antes de que avance la explotación.
A su vez, la delegación invocó los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones para la protección y preservación del medio marino y para prevenir, reducir y controlar su contaminación.
Kohen cuestionó además la postura británica frente a la controversia y señaló que Londres condiciona cualquier discusión sobre la soberanía a un eventual pedido de los habitantes de las islas. Según su interpretación, esa posición dejaría en manos de la población local la decisión sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales que corresponden a los Estados.
El representante argentino advirtió que continuar con las tareas destinadas a extraer hidrocarburos podría dificultar o incluso impedir una solución pacífica de la disputa. Por eso, insistió en que el Reino Unido debe abstenerse de avanzar con actividades que puedan modificar la situación mientras se encuentre pendiente una resolución definitiva.
La posición británica todavía deberá conocerse en detalle durante las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Hasta el momento, no se difundió un escrito público del Reino Unido con su argumentación jurídica completa.
Sin embargo, el 13 de octubre, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, fijó la postura del Gobierno británico ante la Cámara de los Comunes. Allí sostuvo que la presentación argentina no constituye una sentencia judicial, no deja sin efecto las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, no modifica sus facultades regulatorias ni implica la obligación de detener los proyectos de explotación de hidrocarburos.
Como parte de su exposición, Kumaran volvió a mencionar el referéndum realizado en las Malvinas en 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el vínculo con el Reino Unido, con una participación del 92% del padrón.
La funcionaria también aseguró que Londres mantiene su disposición al diálogo y a la cooperación práctica con la Argentina.
De cara al desarrollo del proceso judicial, se espera que el Reino Unido sostenga que el proyecto Sea Lion se ajusta al marco jurídico vigente y que centre parte de su defensa en cuestionar la competencia del Tribunal para intervenir en el planteo argentino.
