Qué pasó. El 9 de abril se leyó la sentencia del juicio a Los Monos. Los jefes de la banda recibieron duras penas: Ramón "Monchi Cantero" Machuca recibió 37 años de prisión como jefe del clan e instigador de cuatro homicidios y su hermano de crianza, Ariel "Guille" Cantero, 22 años, en carácter de jefe de la banda y autor de otro crimen. Parecía el final, pero fue un nuevo comienzo.
Punto de quiebre. El 29 de mayo pasado dos casas en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, el presidente del tribunal que condenó a Los Monos, fueron blanco de ataques a balazos. Las balaceras se registraron horas después de que la Justicia Federal autorizara el traslado de Guille Cantero a una cárcel de máxima seguridad en Resistencia, Chaco. Eso era justo lo que el líder la banda no quería y por lo que sus abogados habían interpuesto un habeas corpus que Manfrín rechazó.
Lo que importa. Ese mismo día el gobernador Miguel Lifschitz calificó la situación de “muy preocupante”, destacó la necesidad de “una respuesta dura, unánime, firme” a la ola de violencia contra los magistrados rosarinos y disparó: “Se está poniendo en juego la institucionalidad. Hemos pateado un hormiguero, esto está claro, y lo seguiremos haciendo”. Se refería, claro está, al desbaratamiento de la banda Los Monos.
La cruel realidad. Eso fue el martes 7 de agosto, tres días más tarde, el viernes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desembarcó en Rosario para expresar su solidaridad con los magistrados que habían sufrido atentados intimidatorios y garantizar, a partir de este rimbombante logro investigativo, que el Poder Judicial podía hacer su trabajo con tranquilidad y confianza.
Entrelíneas. Pese a que en público jueces y funcionarios insisten con que seguirán firmemente el combate contra el crimen organizado, en voz baja expresan el nerviosismo que la situación causa en los tribunales. A los pocos días de que fuera blanco de una acción intimidatoria, el juez Manfrín se excusó de tratar las apelaciones que presentó la defensa de los abogados de Los Monos. Expuso sus razones, pero quedó flotando la duda de si no había tomado la decisión empujado por el peligro al que se sentía sometido.
Hoy el tribunal que preside Gabriel Sansó e integran Carolina Hernández y Bibiana Alonso deberán examinar las 17 condenas y tres absoluciones del juicio a Los Monos. Lo harán bajo medida de seguridad extremas, en un Centro de Justicia Penal blindado por una policía santafesina recargada a la que, para poder garantizar la labor de la Justicia, se le suspendieron las licencias y vacaciones.
El trámite se cumplirá, sin embargo, bajo la sombra de las amenazas contra los jueces. Ayer un edificio ubicado en pleno centro rosarino, donde años atrás había vivido la familia de la presidenta del tribunal que revisará la condena de Los Monos, recibió 25 impactos de arma de fuego. Fue de madrugada, en calle San Luis, donde a la luz del día se concentra uno de los movimientos comerciales de la ciudad. La desgracia es la oscuridad.
