Se trató del mayor desastre aéreo de la historia aeronáutica uruguaya. El accidente fue técnicamente investigado por la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (Ciada) del Uruguay y penalmente es la Justicia argentina la que está a cargo del juzgamiento a los responsables.
En su informe final, la Ciada señaló en 1999 que el hecho fue consecuencia directa de la decisión del copiloto de extender los slats a excesiva velocidad y altura, lo que produjo su rotura y desató la pérdida de control de la aeronave. El informe sostiene también que el error de la tripulación fue inducido por el congelamiento de los sensores de velocidad, la inexistencia en el avión de la alarma recomendada para alertar sobre esa situación, y también la falta de entrenamiento adecuado de los pilotos.
Entre los procesados se encuentran funcionarios de la empresa, el Gobierno nacional y la Fuerza Aérea.