El despacho del juez Fabián Lorenzini, en Reconquista, será el escenario donde hoy a las 15.30 hs el directorio de Vicentin y funcionarios del gobierno de Santa Fe volverán a encontrarse para tratar de definir el futuro de la compañía. Lo que pueda salir del encuentro, es incierto.
En la anterior reunión, ambas partes acordaron explorar la posibilidad de constituir un fideicomiso para capitalizar la firma concursada y, a partir de ahí, generar una nueva empresa que tendría una integración pública-privada.
Sin embargo, los posteriores encuentros informales entre las partes no arrojaron demasiados avances sobre la forma en que se armaría el fideicomiso. Así, hoy se presentarán ante el juez sin un acuerdo previo.
Para seguir adelante, los funcionarios santafesinos solicitarán como condición innegociable que el actual directorio de Vicentin dé un paso al costado.
El segundo pedido es que la totalidad de las acciones de Vicentin sean transferidas al fideicomiso con que se intentará el rescate de la firma. Una vez cumplido el salvataje, las acciones serían repartidas entre los fideicomisarios, es decir aquellos que aportaron capital o resignaron deudas a cambio de una participación en la compañía. En otras palabras, Vicentin quedaría en manos de actuales acreedores y nuevos inversores.
La parte más complicada de la negociación es establecer qué porcentaje de las acciones quedará en manos de los actuales dueños.
“El objetivo de la audiencia es tratar de acercar un proyecto común que les sirva a ambas partes. Pero como Estado es imprescindible que el directorio se aparte de la conducción y que entreguen las acciones”, dijo a A24 Agro el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia.
El funcionario admitió que la negociación “está un poco trabada”. Y explicó que “el hecho de que el Estado intervenga” hace que la negociación sea totalmente distinta a un entendimiento “entre privados”.
“Como Estado, si yo solicité la intervención y que se remuevan las autoridades, hoy no puedo consentir que sigan”, enfatizó.
De no prosperar la audiencia, el juez Lorenzini podría definir si finalmente aparta al directorio y entrega el control de la compañía al gobierno de Santa Fe, o si propicia una nueva instancia de diálogo.
Sin embargo, la aceptación de apartarse por parte del actual directorio no significa que Santa Fe y la Nación puedan intervenir la empresa de inmediato.
“Si finalmente se avanza con el fideicomiso podrían ingresar nuevos jugadores a la empresa y decidir la constitución de nuevo directorio”, sostuvo Somaglia
En los últimos días, funcionarios provinciales y nacionales salieron a criticar el accionar del directorio, pidiendo el paso al costado.
El miércoles, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, afirmó que pidieron el apartamiento del cuerpo debido a que “la no presentación del balance y la participación del directorio en la gestión de la empresa suena como cosa rara. No tiene que seguir”.
Además, puso en duda la legitimidad de la deuda de USD1350 millones de la compañía. "Es notable que haya tenido ese nivel de deuda con una facturación de más de US$ 4.000 millones en 2019", señaló en declaraciones al diario La Nación.
Por su parte, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, dijo este martes que insistirá con el pedido de intervención de la firma agropextoradora para “evitar la quiebra” y que los actuales administradores “no están en condiciones” de continuar su tarea porque “son los que han llevado a esta situación”.
