OPINIÓN

Política agropecuaria post electoral: entre la corrección del tipo de cambio y los "ganadores" agroindustriales

El autor repasa algunas de las acciones esperables luego de las elecciones legislativas y el riesgo de crear un nuevo "paradigma productivo" con base en el agro.
Daniel Lema
por Daniel Lema |
Cómo repercutirá en la economía agropecuaria el resultado de la elecciones legislativas. 

Cómo repercutirá en la economía agropecuaria el resultado de la elecciones legislativas. 

El enorme desequilibrio monetario y fiscal de Argentina constituye un dato importante para comprender la evolución de la política agropecuaria reciente y su posible tendencia poselectoral. Un déficit fiscal de 8,5% del PBI en el año 2020 y superior al 5% en 2021, junto con la ausencia de financiamiento en el mercado han determinado una expansión monetaria gigantesca y una inflación creciente en los últimos dos años.

Ante estos desajustes macroeconómicos, y con un escenario electoral poco alentador para el oficialismo, es posible suponer que el gobierno podría ensayar algunos cambios para minimizar las chances de una crisis que descontrole las variables macroeconómicas. En este sentido, suponiendo un gobierno oportunista racional, no sería esperable un cambio estructural de política económica sino más bien algunas medidas que le permitan transitar hasta el 2023 con una administración de la crisis que minimice los costos. Podrían entrar en este menú medidas tales como un ajuste del tipo de cambio oficial, mayores controles cambiarios, refinanciamiento de pasivos monetarios remunerados, controles de precios y coordinación de aumentos salariales, entre otras.

En cuanto a la política agropecuaria, desde diciembre del año 2019 se incrementaron los derechos de exportación de los principales productos del agro y comenzó un proceso creciente de intervención en los mercados. Así, en los últimos dos años el gobierno ha aplicado cupos a la exportación de granos y carnes, implementó crecientes requerimientos burocráticos y registros especiales, aumentó los controles fiscales, diferenció discrecionalmente la aplicación de derechos de exportación, aplicó controles de precios y designó interventores en una empresa agroalimentaria con fines de expropiación.

Dados estos antecedentes, tampoco sería esperable un cambio estructural relevante en el sentido de eliminar o disminuir distorsiones o intervenciones en los mercados. Las necesidades fiscales sugieren también descartar una rebaja de derechos de exportación. El dato más importante para el sector podría estar dado por una eventual devaluación del peso que reduciría la brecha cambiaria, mejoraría los precios a los productores e incentivaría la liquidación de exportaciones.

Si bien se ha demostrado que medidas tales como la restricción de exportaciones de carne o la aplicación de cupos a la exportación de trigo y maíz tienen enormes costos y son totalmente inefectivas como mecanismo de control de inflación, seguramente seguirán vigentes ya que la economía política de la intervención hace que sea muy difícil su reversión. Debe tenerse en cuenta si bien formalmente las intervenciones en los mercados agropecuarios se justifican por razones de bienestar general, la real motivación se encuentra en objetivos políticos vinculados con el ejercicio del poder. La función objetivo de políticos y funcionarios consiste en mantener y ejercer el poder para negociar con diversos sectores, obtener rentas o maximizar su permanencia en el cargo. En este sentido, los mercados agropecuarios y agroalimentarios son un escenario importante de conflicto, intervención política y ejercicio de poder.

En esta dinámica, por un lado, el gobierno extrae y transfiere rentas del sector agroexportador mediante la aplicación de impuestos y regulaciones altamente distorsivas. Por otro, en los mercados agropecuarios miles de productores de manera descentralizada asignan sus recursos productivos tratando de minimizar los efectos de las intervenciones. Así, los productores cambian los cultivos y reasignan recursos dependiendo de los precios relativos, cambian el uso de capital, trabajo, tecnologías y organización para adaptarse y protegerse de las restricciones impuestas por la política. En este juego de políticas distorsivas y acciones privadas se paga un enorme costo de eficiencia que impacta negativamente sobre la producción y la productividad.

El potencial conflicto derivado de la persistencia de políticas fiscales distorsivas e intervención en mercados en los próximos dos años podría ser compensado con propuestas oficiales que prometan una reorientación estratégica de la política agropecuaria hacia un nuevo “paradigma productivo” con base en el agro. Por ejemplo, a través de programas para generar una “agrobioindustria” que dadas las ventajas del agro identifique las industrias competitivas para promoverlas activamente mediante promesas de beneficios fiscales, subsidios, créditos y programas específicos, compensando así las transferencias negativas actuales.

Seguramente observaremos iniciativas en este sentido ya que la potencial asignación de beneficios genera fuertes incentivos para obtención de rentas (monetarias o de ego) entre los funcionarios. Asimismo, induce la búsqueda de rentas y la formación de grupos e interés por parte de los actores privados. Esto cobra particular relevancia en un contexto de debilidad institucional como el de Argentina.

Más allá de la real concreción de la propuesta y del entusiasmo que despierte, debería prestarse especial atención a evitar una estrategia de “elección de ganadores” en el sector agroindustrial, ya que puede ser tanto o más contraproducente que la fracasada “Industrialización Sustitutiva de Importaciones”. Adoptar este tipo de políticas puede tener consecuencias muy negativas en la eficiencia económica del sector más competitivo de nuestro país.

En síntesis, ni cambios estructurales que solucionen los desequilibrios macroeconómicos, ni eliminación de retenciones y restricciones a las exportaciones agropecuarias serán parte de la agenda económica en los próximos dos años. Por el contrario, la dinámica política no permite descartar nuevas intervenciones discrecionales y mecanismos que distorsionen, aún más, los precios y la asignación de recursos en el sector agropecuario.

El autor es profesor de la UCEMA y economista del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA

Las opiniones en esta columna son del autor y no necesariamente representan a las instituciones mencionadas.

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