Venta del predio de La Rural: rechazan un pedido de prescripción de la defensa

“Esta cuestión ya ha sido resuelta anteriormente y lo que las partes pretenden es reeditar argumentos que ya fueron resueltos. Lo cierto es que, en este momento, no se dan los requisitos para que la causa prescriba, anteriormente tampoco se cumplieron y ésta última cuestión no solo fue resuelta anteriormente, sino que también fue analizada por diferentes instancias de revisión dándose por zanjada la cuestión”, resaltó.

Luego, citó el dictamen del fiscal Abraldes donde se hace referencia a la normativa al respecto de la prescripción en determinados delitos como el de malversación de caudales públicos cuando involucra a funcionarios. Señaló el juez la situación de Eduardo Ordoñez, que está imputado por su rol en la concesión del préstamo que otorgó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que desempeñó funciones en la entidad entre 1978 y diciembre de 2011, cuando se retiró con el cargo de gerente general.

Ramos Padilla recordó lo planteado por el fiscal Abraldes, acerca de cómo habrían incidido los acusados para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con posterioridad a la compra, rezonifique la zona y permita la construcción en un lugar que no estaba habilitado para ello.

“Paralelamente, y mientras se encontraban a la espera de aquella modificación legislativa, ya que el Código de Planeamiento de la ciudad es modificable a través de ese tipo de acto, solicitaron visados para ir avanzando con las obras”, indica el fallo del juez Juan Ramos Padilla.

El fiscal Abraldes sostuvo que mientras estas acciones ocurrían, la Sociedad Rural solicitó dicho préstamo de aproximadamente u$s 150 millones al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través de dos sociedades que contaban con un capital social de $12.500. Según lo estimado por el fiscal, ese pedido fue aprobado por el directorio de la entidad bancaria “a pesar de que iba en contra de lo estipulado en su carta orgánica”.

Finalmente, en 2004, la Sociedad Rural firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad donde se establecía la rezonificación virtual del predio. Pero ese acuerdo fue interrumpido por miembros de la Legislatura que también presentaron un recurso de amparo.

En el marco de ese expediente administrativo, un abogado y representante de los legisladores porteños habría presentado un escrito con la firma de todos los legisladores fraguada, donde comunicaba el desistimiento del amparo. Ese abogado también es uno de los imputados en esta causa.

El tribunal resaltó que el último acto interruptivo de la prescripción en esta causa ocurrió el 5 de agosto de 2019, cuando se citó a juicio en uno de los expedientes.

Juan Ramos Padilla es el padre del exjuez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que intervino en la causa de espionaje político y judicial que involucró al fiscal Carlos Stornelli, y que hoy se desempeña en el Juzgado Federal 1 de La Plata. Ramos Padilla padre, en tanto, es conocido también por manifestarse públicamente en defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Abona la teoría del “lawfare” y suele cargar duro contra el Procurador interino Eduardo Casal y el Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Plazo razonable y delitos de corrupción

Tal como había considerado la fiscalía, el juez Ramos Padilla consideró que no se había vulnerado el derechos de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable: “No cabe duda alguna que nos encontramos con una causa de una altísima complejidad. Recordemos que, incluso, cuando ya se había iniciado la investigación se habrían cometido nuevos hechos delictivos sumados a los que ya existían. La causa se originó en el año 1996 y el último acto relacionado a ella se materializó en el año 2004, es decir transcurridos ocho años de investigación”, destacó.