Vicentin fue protagonista en la arena política, pero también lo es en materia de Justicia.
Luego de la audiencia en la que la Justicia determinara la imputación de 14 directivos de Vicentin, tanto de la gestión anterior como de la actual, el juez Román Lanzón no hizo lugar al pedido de prisiones preventivas del fiscal Miguel Moreno para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza. pero también determinó que todos los imputados no puedan salir del país y paguen el doble de caución que lo que su defensa había ofrecido.
En la causa que comenzó en junio de este año tras la denuncia penal por parte de acreedores de Vicentin, y que lleva adelante el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, finalmente se supo que todos sus recientemente imputados podrán seguir el curso de las investigaciones en libertad. Al menos mientras el juez Lanzón mantenga su criterio.
El fiscal Moreno había pedido prisión preventiva para el presidente actual de Vicentin Omar Scarel y otros 4 acusados. Para Moreno “había riesgo de fuga” y “habían entorpecido las investigaciones” pese a presentarse debidamente a los llamados por parte de la Justicia. Este sería uno de los puntos por los cuales el juez Lanzón no hizo lugar al requerimiento del fiscal y les aseguró la libertad a los apuntados.
Uno de los puntos controversiales que tenía el pedido de Moreno radicaba en que Scarel, como presidente actual de Vicentin, es quien lidera por estos tiempos la propuesta de pago que la empresa debe presentar a sus acreedores, en el marco del concurso que se tramita en el juzgado de Reconquista, al norte de la provincia.
Sin embargo, el juez Lanzón sí determinó que todos los imputados no puedan salir del país. Entre ellos Daniel Buyatti, por quien el fiscal Moreno había solicitado una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.
Y también Lanzón comunicó en la audiencia realizada desde las primeras horas de este jueves en el Centro de Justicia de Rosario que los acusados paguen una suma de u$s 10 millones: se trata del doble que lo que la defensa había ofrecido a modo de caución. Tendrán dos semanas para abonar la suma.
El abogado defensor Jorge Ilharrescondo apeló a los plazos y postuló que hay “la “prescripción en la investigación de la imputación de balances falsos en 2017 y 2018”.
“La imputación es precaria y no se atribuyen niveles específicos de responsabilidades. Hay incumplimientos contractuales pero no delitos criminalizables”, defendió a los acusados.
La deuda de la compañía asciende a u$s 1.500 millones y Vicentin busca desde el año pasado una reestructuración de la misma en base a un concurso preventivo, pero varios de los acreedores habían iniciado el camino penal que derivó en las imputaciones de este martes.
Vicentin es una compañía de gran importancia operativa en el mundo del agro argentino. Durante 2020, a raíz de su profunda crisis, con más de 1700 acreedores, fue protagonista de una de las polémicas más importantes que vivió el Gobierno actual luego de que el propio Presidente Alberto Fernández comunicara la expropiación de la misma, en junio de 2020.
