El proyecto busca que los responsables de demoras administrativas afronten los costos judiciales junto con el Estado. Los detalles
Un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados libertarios propone establecer la responsabilidad patrimonial solidaria de los funcionarios cuando sus acciones u omisiones provoquen demoras administrativas que deriven en juicios contra el Estado. La iniciativa apunta a modificar el régimen de costas en los amparos por mora y denegación tácita, de modo que no recaigan únicamente sobre el Estado.
La propuesta es de autoría de la diputada nacional Mercedes Llano (Partido Demócrata - La Libertad Avanza) acompañada por más de una decena de legisladores del bloque oficialista, entre ellos Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Lilia Lemoine. El texto sostiene que las demoras en los procedimientos administrativos “no sólo representan un gasto innecesario, sino que también desalientan la eficiencia y el cumplimiento de la ley”.
El proyecto considera que la negligencia en el ejercicio de la competencia debe ser sancionada disciplinariamente, y que su falta de castigo personal genera incentivos negativos. Según se detalla, las sentencias en este tipo de procesos habitualmente imponen las costas al Estado, sin consecuencias para los funcionarios responsables.
La diputada Llano justificó la medida como una forma de corregir una omisión estructural en el control estatal. “Con esta ley, se llena un vacío institucional en el sistema de control estatal, al garantizar que no pueda existir impunidad colectiva frente a la inacción y negligencia de los funcionarios”, afirmó.
El proyecto busca reforzar la idea de que las consecuencias patrimoniales de las demoras no deben ser absorbidas exclusivamente por el Estado, sino también por quienes, desde su cargo, contribuyen a que se acumulen juicios evitables. La propuesta establece la posibilidad de sancionar a los funcionarios por la vía administrativa, en caso de que se compruebe que actuaron con negligencia en los procedimientos cuya demora dio origen a la demanda judicial.
Según los impulsores, la modificación normativa busca revertir una práctica que desalienta la responsabilidad funcional, al permitir que los costos del incumplimiento recaigan sobre las arcas públicas sin consecuencias personales para sus autores.
Desde el bloque oficialista consideran que esta medida "podría mejorar la calidad institucional y fomentar un desempeño más diligente por parte de los agentes estatales". Los mecanismos para determinar la responsabilidad individual, que quedarían a cargo de los órganos de control y disciplina correspondientes.
