El Presidente encabezará este jueves en Ezeiza el acto de lanzamiento del proyecto con el que buscan reemplazar el Código vigente desde 1921. La reforma eleva de 316 a 920 los artículos.
El presidente Javier Milei encabezará este jueves, a las 17, en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, la presentación del proyecto del nuevo Código Penal de la Nación, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Se trata de la primera reforma integral del Código en más de un siglo. El texto actual rige desde 1921 y fue modificado de manera parcial en sucesivas oportunidades, sin que prosperaran los intentos de actualización completa.
La propuesta amplía el articulado de 316 a 920 artículos, con la unificación de normas dispersas en más de mil leyes especiales. El nuevo cuerpo normativo busca responder a los desafíos del siglo XXI con mayor protección a las víctimas, endurecimiento de penas y tipificación de delitos emergentes.
Entre las innovaciones se destacan la imprescriptibilidad de crímenes graves como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y delitos de lesa humanidad; el aumento de penas para robos frecuentes como entraderas, salideras bancarias y robo de celulares; y la inclusión de nuevas figuras como “stealthing”, pornovenganza, secuestro virtual, crueldad animal y violencia organizada.
El texto también apunta a la corrupción estructural al eliminar beneficios para funcionarios condenados por delitos graves, incorpora el soborno entre privados y limita la libertad condicional. Además, introduce sanciones más severas para delitos ambientales —como minería ilegal o tala de bosques nativos— y para conductas digitales vinculadas al uso de inteligencia artificial, desde fraudes hasta la creación de imágenes sexuales falsas.
La comisión de expertos que elaboró el proyecto estuvo encabezada por el juez Mariano Borinsky, junto con magistrados y juristas como Jorge Buompadre, María Eugenia Capuchetti y Fernando Soto. El proceso incluyó más de un centenar de reuniones con jueces, fiscales, defensores y organizaciones de la sociedad civil.
