La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, sigue sumando detalles que podrían ser determinantes en el expediente judicial. En las últimas horas, las imágenes de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los principales acusados, captaron la atención pública: las lesiones visibles en sus manos al momento de su detención en Bolivia abrieron nuevas hipótesis sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de septiembre.
La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, sigue sumando detalles que podrían ser determinantes en el expediente judicial. En las últimas horas, las imágenes de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los principales acusados, captaron la atención pública: las lesiones visibles en sus manos al momento de su detención en Bolivia abrieron nuevas hipótesis sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de septiembre.
El sospechoso fue capturado en un hostal de la ciudad de Villazón, en la frontera entre Argentina y Bolivia. Las autoridades lo encontraron con lastimaduras en ambas manos, siendo la más notoria la de su mano derecha. Para los investigadores, esas marcas podrían no ser casuales: podrían ser el resultado de un forcejeo con las víctimas, quienes fueron torturadas y luego ejecutadas en una vivienda identificada como “la casa del horror”.
Las fotografías tomadas en el momento de la detención muestran con claridad la magnitud de las lesiones. En la mano derecha, los cortes y la hinchazón llamaron la atención de los peritos. El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, señaló públicamente que la herida tenía características similares a una mordedura, lo que reforzaría la idea de un intento de defensa por parte de alguna de las jóvenes.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Infobae aclararon que, tras un análisis superficial, no se puede confirmar que se trate de impresiones dentales. La falta de precisión no descarta la hipótesis: simplemente retrasa las conclusiones hasta que se obtengan pericias más profundas.
En paralelo, se enviaron muestras tomadas debajo de las uñas de Sotacuro al laboratorio para ser cotejadas con el ADN de las víctimas. Los investigadores sospechan que las adolescentes, en medio del horror, pudieron haber intentado rasguñar a sus agresores en un último intento de defensa. El resultado de esos estudios, solicitados por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendevil, será remitido al fiscal Adrián Arribas, responsable del expediente en La Matanza.
Otro dato llamativo surgió a partir de la inspección física realizada a Sotacuro. Según los peritos, en la nuca se observaron marcas de irritación, aunque no vinculadas a una pelea. Los investigadores creen que podrían haber sido producto de un corte de pelo torpe y apresurado, probablemente realizado con el objetivo de modificar su apariencia para escapar de la justicia.
El detalle no es menor: varios testigos relataron que los acusados buscaron formas de pasar desapercibidos durante la fuga, y este tipo de maniobras encajan con esa versión.
En otra de las imágenes que circularon en redes sociales, ambas manos del acusado se ven con raspones poco profundos en la izquierda, sumando más dudas a su relato.
Aunque Sotacuro niega haber estado presente en el interior de la vivienda durante los homicidios, los investigadores sostienen que sí participó del operativo criminal. La hipótesis principal es que pudo haber estado dentro de la propiedad mientras las víctimas eran torturadas y asesinadas, o bien que su rol fue el de apoyo logístico, facilitando la llegada y salida de los responsables directos.
Incluso, se analiza la posibilidad de que Sotacuro haya sido quien trasladó a Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de “Pequeño J”, uno de los líderes narco más buscados del conurbano bonaerense.
El abogado de Sotacuro, Guillermo Endi, no pudo sostener una coartada firme para su cliente. De hecho, reconoció ante los medios que no puede explicar qué hizo su defendido entre la 1.30 y las 5 de la madrugada del 20 de septiembre, el mismo período en el que se cometió el triple femicidio.
Ese vacío temporal es determinante. Los investigadores lo consideran un silencio sospechoso, ya que coincide exactamente con la ventana en la que las tres jóvenes fueron brutalmente asesinadas.
En su declaración espontánea tras la detención, Sotacuro intentó despegarse: aseguró que se encontraba fuera de la casa, contratado por un amigo para buscar a un albañil en Florencio Varela. Según su relato, desde afuera vio salir a dos hombres con barbijo, la ropa manchada y las zapatillas envueltas en bolsas plásticas.
Esa versión, sin embargo, no convenció a los fiscales. Por el contrario, reforzó la hipótesis de que sí sabía lo que ocurría dentro de la vivienda y que su intento de deslindarse responde más a una estrategia defensiva que a un relato real.
Otro personaje clave en esta trama es Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro. La joven reconoció haber viajado junto a su tío y a un supuesto hombre de nombre “Diego” en un vehículo Volkswagen Fox, desde la Villa 1-11-14 hasta la zona sur del conurbano bonaerense.
Según su declaración, el trayecto culminó cerca de la 1.30 de la madrugada, cuando regresaron nuevamente al barrio de Bajo Flores. Ese dato coincide con la cronología de la defensa de Sotacuro, pero los investigadores consideran que la versión es poco creíble y contradictoria.
Ambos quedaron detenidos y alojados en cárceles diferentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Para los fiscales, la relación familiar no exime a Ibáñez de responsabilidad: su rol podría haber sido el de encubridora o cómplice secundaria en la logística del crimen.
El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara se transformó en uno de los casos más conmocionantes de los últimos años. La brutalidad con la que las jóvenes fueron asesinadas y los vínculos con el narcotráfico revelan una trama compleja, donde las responsabilidades parecen ramificarse en diferentes niveles.
La “casa del horror” en Florencio Varela se convirtió en el epicentro de la investigación. Allí se habrían ejecutado las torturas y asesinatos, con participación de varios hombres ligados a la estructura criminal de “Pequeño J”, un líder narco que sigue prófugo.
Las pruebas recabadas hasta el momento –rastros biológicos, testimonios, registros de cámaras de seguridad y ahora las lesiones en las manos de Sotacuro– constituyen un entramado que los fiscales intentan ordenar para elevar la causa a juicio.
Detrás del triple femicidio no solo se investiga un crimen atroz, sino también una guerra narco que atraviesa el conurbano. Según fuentes policiales, las jóvenes habrían quedado atrapadas en una disputa que involucra a bandas rivales, dinero y territorio.
La figura de “Pequeño J”, sindicado como jefe de la operación, sigue siendo el gran objetivo de la justicia. Su mano derecha, Matías Ozorio, también está bajo la lupa, aunque hasta ahora logró evadir a los investigadores.
Con las pericias de ADN pendientes y las contradicciones en los relatos de los acusados, la investigación entra en una etapa crucial. Los fiscales confían en que los resultados de los hisopados subungueales aporten pruebas directas que vinculen a Sotacuro con las víctimas.
Mientras tanto, la sociedad sigue conmovida por la crudeza del crimen y exige que no haya impunidad. El desafío para la justicia será demostrar con pruebas firmes quiénes participaron y qué rol cumplió cada uno en la noche más oscura de Florencio Varela.
