Desde la posición oficial sostienen que los fondos buscan modificar esa cláusula para habilitar el uso de toda la evidencia recolectada en Nueva York en un eventual arbitraje internacional, con el objetivo de revertir el fallo adverso en Estados Unidos.
“Ahora buscan reescribir esta disposición acordada para poder ‘usar todo el material de discovery en procedimientos arbitrales’”, advirtieron en la presentación enviada a Preska.
La defensa también cuestionó el momento elegido para el planteo. Argumentó que no hay fundamentos para modificar las reglas actuales y que, además, el pedido resulta prematuro, ya que el arbitraje ante el CIADI todavía no fue iniciado formalmente.
El fallo a favor de Argentina
El trasfondo de la disputa está vinculado a la estrategia de los fondos demandantes luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.
Los demandantes ya anticiparon que buscarán revertir esa decisión en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. En ese marco, solicitaron autorización para reutilizar la información confidencial obtenida durante el discovery, lo que motivó la respuesta de la Argentina y la petrolera.
Por qué Buford acude al CIADI
El CIADI interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros, generalmente bajo tratados bilaterales de inversión. En el caso argentino, concentra gran parte de los litigios internacionales que enfrentó el país en las últimas décadas.
Sin embargo, sus laudos no tienen ejecución directa, por lo que quienes obtienen un fallo favorable deben recurrir luego a tribunales, habitualmente en Estados Unidos, para su reconocimiento y eventual cobro.
Argentina acumula una extensa trayectoria en ese ámbito, con múltiples demandas iniciadas desde fines de los años noventa, muchas de ellas vinculadas a la crisis de 2001. Entre los antecedentes más relevantes se encuentra el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, cerrado en 2014 con una compensación de US$ 5000 millones.