El Gobierno habilitó a 9 provincias a cobrar peajes en rutas nacionales

En ese sentido, el texto oficial remarca que la medida tiene carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que implica que puede ser revertida bajo determinadas condiciones.

Cómo funcionará el sistema de concesiones

Para poner en marcha este nuevo esquema, cada provincia deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán:

• Los tramos específicos a concesionar
• El plan de obras y mantenimiento
• El esquema de supervisión y auditoría
• Las condiciones económicas del contrato

Además, los convenios deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, que actuará como autoridad de aplicación.

El decreto también fija límites concretos: las concesiones no podrán extenderse por más de 30 años, y los fondos recaudados por peajes deberán destinarse exclusivamente a los tramos concesionados, sin posibilidad de financiar otras obras.

Condiciones y controles del nuevo esquema

Uno de los puntos centrales de la normativa es que las provincias deberán garantizar el cumplimiento de principios como:

• Publicidad y transparencia en las licitaciones
• Concurrencia de oferentes
• Razonabilidad tarifaria
• Equilibrio económico-financiero de los contratos

Además, se establece que los tramos concesionados no podrán ser licitados en conjunto con rutas de otras jurisdicciones, lo que limita la creación de corredores interprovinciales bajo un mismo contrato.

En paralelo, la Dirección Nacional de Vialidad tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento de los contratos, asegurando que las condiciones establecidas se respeten.

Plazos y posibles caídas de la delegación

El decreto también introduce un factor clave: los tiempos. Si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación quedará sin efecto para ese tramo.

Asimismo, si por cualquier motivo se extingue el contrato de concesión, el Estado nacional retomará automáticamente la gestión de la ruta.

En los considerandos, el Gobierno argumenta que varias provincias venían solicitando herramientas para hacerse cargo de las rutas que atraviesan sus territorios, en el marco de un proceso de “fortalecimiento del régimen federal”.

La medida se apoya en normativas previas como la Ley 17.520 de concesión de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 del sistema vial y la Ley 27.742, que impulsa la reorganización del Estado.