La Procuración del Tesoro de la Nación utilizó un per saltum para que el máximo tribunal intervenga directamente en el expediente sobre la Ley de Modernización sin esperar el fallo de segunda instancia.
Los miembros de la Corte Suprema en el Congreso. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación)
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario federal de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga de manera directa en el conflicto por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta presentación busca definir la cuestión jurídica sin esperar una resolución de segunda instancia.
El objetivo del Gobierno es revertir el fallo que suspendió 83 artículos clave de la norma y restablecer su vigencia mientras se resuelve el fondo de la causa.
En el escrito, la Procuración, en representación de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, solicitó que el máximo tribunal:
El planteo apunta contra la resolución del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda, que el 30 de marzo hizo lugar a un amparo presentado por la CGT.
En el escrito, de más de 40 páginas, el Estado sostuvo que el juez laboral actuó sin competencia, que no existía “caso” ni legitimación activa de la CGT y que la medida cautelar viola el principio de división de poderes al suspender una ley del Congreso Nacional.
Además, cuestiona que la central obrera pueda representar de manera colectiva a todos los trabajadores del país sin demostrar una afectación directa.
Uno de los puntos clave del expediente es la discusión sobre qué fuero debe intervenir. La Procuración insiste en que se trata de un caso federal, ya que involucra al Estado Nacional y tiene impacto en todo el país.
En esa línea, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya aceptó un planteo del Gobierno para reclamar el expediente, lo que refuerza la estrategia oficial de apartar al fuero laboral.
En su presentación, el Estado calificó la situación como de “gravedad institucional” al advertir que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal inferior afecta la división de poderes.
El escrito sostiene que ningún juez puede frenar una ley del Congreso con efectos generales y alerta sobre el precedente que podría generar: que cualquier magistrado suspenda normas nacionales.
La Procuración también advirtió que la medida judicial genera “incertidumbre” sobre la vigencia de la ley y afecta la seguridad jurídica tanto de empleadores como de trabajadores.
