Bajo esos fundamentos, el Gobierno informó que "se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada".
"A través de la medida, el Gobierno Nacional cumple con su obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados", destacaron.
La primera postura del Gobierno
El Gobierno se había manifestado el pasado 24 de febrero sobre la adquisición y había señalado que "podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo".
En esa oportunidad, se había afirmado que "el marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de la información y las comunicaciones, y "así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio", marcaron.