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La inflación: solo entre octubre de 2018 (mes en el que se aplicó la última suba) y enero de este año, la suba de precios fue del 14,1%. Y distintas estimaciones ubican el índice de febrero cerca de un 4%.
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El tipo de cambio: la extracción del gas es una actividad dolarizada y cualquier variación de la divisa impacta directamente.
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La baja de los subsidios: aunque el usuario asume hoy buena parte del costo de la tarifa, el Estado aún es responsable de un porcentaje de la boleta.
“Muchos usuarios que no pueden pagar las tarifas se endeudan en cooperativas y mutuales. Pronto ya no podrán pagar más”, advirtió Alejandro Amor, titular de la Defensoría del Pueblo de CABA, durante su exposición en la audiencia.
Además de proponer que las subas vayan de la mano de las negociaciones paritarias “para cuidar el bolsillo del usuario”, desde ese organismo se quejan por lo bajo porque afirman que la tarifa social ya no tiene el alcance que debería tener.
“Pedimos que se establezca una tarifa social única y ampliada para todos los servicios públicos esenciales”, agregó Amor, quien también recordó los principios establecidos por la Corte Suprema: “Proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad”.
Porque solo en la Ciudad de Buenos Aires, en poco más de tres años, la tarifa del gas aumentó más del 700%. Los salarios, en cambio, apenas lograron superar el 100%.
Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) advierte: “Este año no debería haber más aumentos de tarifas porque la situación de la gente es sumamente complicada. No está en condiciones de seguir pagando más aumentos de los que ya hubo. La gente se está endeudando para pagar las tarifas. En vez de sacar un crédito para comprar un auto, lo hace para pagar los servicios”, afirma
“Las empresas energéticas y las eléctricas reconocen que el nivel de morosidad creció muchísimo. Hablan de hasta un 30%”, agrega una fuente que se hizo presente en el Centro Metropolitano de Diseño.
En ese sentido, desde Metrogas reconocieron que un 30% de la gente no paga su factura en el primer vencimiento. Sin embargo desmintieron que eso implique una morosidad estructural. “En nuestro caso se mantiene estable en los mismos niveles que en los últimos 3 años: entre 6 y 7%”, aclararon.
En el Gobierno consideran que no existe otro camino más que el que comenzó a desandar desde que inició su gestión. “Si queremos tener energía, tenemos que saber que tiene un valor y lo tenemos que pagar”, afirmó el presidente Mauricio Macri a comienzos de año al inaugurar un parque eólico en Chubut; casi un mantra que repitió en otras ocasiones.
Sin embargo, el Ejecutivo aún está lejos de su objetivo: que la factura quede libre de subsidios en 2020. Y para eso (siempre y cuando se imponga en las presidenciales de octubre), algunos especialistas que ya mantuvieron reuniones con los principales funcionarios de Energía advierten que el Gobierno iría por una vía que ya transitó: despediría 2019 con el anuncio de un nuevo incremento de tarifas, exactamente la misma fórmula que aplicó cuando 2018 estaba a punto de consagrarse como el año de mayor inflación en casi tres décadas.
En lo formal aún resta la segunda y última audiencia pública que se realizará este jueves en Salta y que el Gobierno confirme la cifra definitiva del aumento. Aunque todo indica que la factura llegará con una tarifa 100% más alta que el año anterior.