En su resolución, los jueces consideraron que los informes de las pericias psicológicas, incluidas las entrevistas de Cámara Gesell, fueron pruebas "claves para determinar los hechos, comprobar que efectivamente los abusos sucedieron y en qué lugares".
A su vez, se valieron de los informes de los peritos para establecer en su veredicto que los testimonios de las víctimas fueron "coherentes", y que no hubo "posibilidad de implantación de discurso".
Entre los agravantes de la sanción penal, el Tribunal aceptó el planteamiento de la Fiscalía que tuvo en consideración la corta edad de los niños -entre 3 y 4 años-, que las víctimas fueron varias y que seguramente hubo más niños vulnerados que no pudieron acceder a la justicia.
En el caso de la preceptora Rubies, los jueces señalaron que "no hay elementos para probar su coautoría" y basaron su argumentación en que sólo aparece nombrada en el testimonio de una víctima de abuso sexual.