El ex juez Norberto Oyarbide volvió a la escena pública por algunas razones que, sumadas a las que ya conocemos, nos muestran que sus contornos explican gran parte de nuestra Justicia.

En el marco del concurso N° 375 se discute quién va a ocupar su vacante. La subcomisión B del Consejo de la Magistratura, integrada por Luis María Cabral -representante de los jueces- y por el kirchnerista Rodolfo Tailhade -representante de la Cámara de Diputados- debe proponer a los integrantes de la Comisión de Selección los postulantes que pasan a la etapa final de entrevistas personales.

En esa oportunidad, signada por la discrecionalidad, se cuela la política partidaria más seguido que lo deseable y se perfila el futuro juez. En las entrevistas personales no hay modo de medir, es la voluntad del que elige.

En esa discrecionalidad surge el primer parecido de familia con el ex juez quien, además, es objeto de una profunda investigación por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello. Aparentemente, el ex magistrado habría creado una red de empresas para ocultar dinero proveniente de delitos cometidos cuando ejercía el cargo.

A su vez, Oyarbide está en la mira de la fiscal bonaerense Soledad Garibaldi, quien prestó especial atención a las declaraciones del ex presidente de Independiente Javier Cantero. Hace pocos días recordó que el ex juez le pidió autorización para ingresar al club y brindar charlas a los jóvenes de las inferiores.

Según Cantero, como negó el permiso, el juez le armó una causa penal. Garibaldi citó a una declaración testimonial a Cantero que, de corroborarse y más allá de las aclaraciones que hizo el ex juez, colocaría en un lugar complicado a Oyarbide.

Partidización de la política, dinero proveniente de ilícitos, ejercicio irregular de la influencia derivada del cargo, venganzas orquestadas a partir del cargo de juez. Estos rasgos -a través de los que Oyarbide regresó a la escena pública- son elocuentes acerca del estado de la Justicia.