Comodoro Py

¿Podría suceder con la causa Memorándum lo mismo que con Dólar futuro?

Cristina espera que admitan una audiencia oral y pública para volver a confrontar con la justicia. La querella rechaza suspender el juicio oral.
por Rosario Bigozzi |
Cristina Kirchner reapareció en un acto para hablar con el expresidente brasileño Lula da Silva y volvió a apuntar contra la Justicia (Foto: Archivo).

Cristina Kirchner reapareció en un acto para hablar con el expresidente brasileño Lula da Silva y volvió a apuntar contra la Justicia (Foto: Archivo).

Para ninguno de los actores judiciales suena descabellado que la causa del presunto encubrimiento de la verdad sobre el atentado a la AMIA, a través del Memorándum con Irán, pueda correr la misma suerte que la denominada “Dólar Futuro”.

Hace unas semanas la Cámara de Casación Federal puso fin al caso Dólar futuro por “ausencia de delito”, y resolvió el sobreseimiento de Cristina Fernández y el resto de los acusados. Ahora la defensa de la vicepresidenta y los principales imputados en “Memorándum” están pidiendo lo mismo al Tribunal Oral Federal número 8.

Por un lado, Cristina Fernández, Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Oscar Parrilli y Andrés Larroque solicitaron que se declare la invalidez de todos los actos procesales que derivaron en la instancia de juicio oral, y que se dicte el sobreseimiento de todas las personas imputadas dejando a salvo su buen nombre y honor.

En tanto, la expresidenta pidió que el tribunal fije una audiencia oral y pública para exponer sus argumentos, autorizando a los medios de comunicación que requieran transmitir su declaración en vivo, tal como sucedió en la causa “Dolar Futuro”. En esa ocasión Cristina Fernández expuso ante Casación un encendido discurso con matices políticos, en el que señalando con el dedo, acusó al poder judicial de conformar una corporación que favoreció al triunfo de Juntos por el Cambio.

Los jueces María Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado notificaron sobre estos planteos a la fiscalía y a las querellas, para que envíen sus opiniones antes de resolver otras medidas.

Faltan parámetros para anticipar cuál podría ser la decisión del TOF 8 en cuanto a un eventual cierre de “Memorándum” en los mismos términos que “Dolar futuro”. Es poco usual que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, analizando prueba, antes de que se inicien las audiencias de juicio oral propiamente dicho, sin perjuicio de que al final del proceso coincida su parecer con el alegato de las defensas.

Es cierto, sin embargo, que el fallo que sobreseyó a Cristina en “Dólar futuro” lo dictó un tribunal superior, como es Casación, fundamentándose en que las decisiones políticas no pueden ser sometidas a la evaluación judicial.

No es la primera vez que los abogados de la vicepresidenta Fernández piden anular la causa Memorándum, basándose en la inexistencia de acción criminal, y en las sospechas de fórum shopping, que afectarían la garantía del juez natural.

Esta vez sumaron “las nuevas revelaciones” sobre las visitas de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la Casa Rosada y la Residencia de Olivos, durante el gobierno de Mauricio Macri. Señalaron que esos encuentros “guardan una relación cronológica con decisiones trascendentes que fueron dictadas por esos mismos jueces en la causa del Memorándum”.

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El juez Hornos. Los imputados señalaron que esos encuentros entre el magistrado con Macri “guardan una relación cronológica con decisiones trascendentes que fueron dictadas

El juez Hornos. Los imputados señalaron que esos encuentros entre el magistrado con Macri “guardan una relación cronológica con decisiones trascendentes que fueron dictadas" en la causa del Memorándum.

Andrés Larroque ya había presentado su propio pedido de nulidad donde acusó a los jueces Hornos y Borinsky de haber cometido prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. En su escrito la abogada Lucila Larrandart, sostuvo que los magistrados cuestionados aceptaron en su momento que el caso se reabra y permitieron que la nueva instrucción quedara a cargo del juez Claudio Bonadio.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, también interpuso una excepción por falta de acción, respaldando la teoría de la inexistencia de delito. Según su abogado, Marcos Aldazabal, partiendo de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, hay varias claves para tener en cuenta: la cuestión de las alertas rojas de INTERPOL, que son notificaciones para capturar a los fugitivos de la justicia; y otro punto sería la creación de una “Comisión de la Verdad”, integrada por expertos internacionales, que se iba a encargar de emitir una opinión no vinculante sobre la prueba obtenida para la causa.

Vale recordar que en la imputación se estableció que el Memorándum de entendimiento con Irán tendía a hacer caer las alertas, y que la conformación de la comisión de especialistas buscaba garantizar la impunidad de los iraníes involucrados en el atentado contra la AMIA.

Para Aldazabal, estos argumentos no dan cuenta de un accionar delictivo porque el acuerdo tenía competencias políticas no criminalizadas, y porque la comisión de la verdad no tenía facultades jurídicas. Además, el Memorándum nunca llegó a entrar en vigencia, a pesar de ser aprobado en el Congreso, y sobre todo, porque finalmente la Corte Suprema lo declaró inconstitucional.

Por su parte, Aníbal Ibarra, como defensor de Oscar Parrilli, insistió en que no existe delito porque “el propio Reglamento de Interpol fulmina cualquier intento de poner en cabeza que no fuera la del juez a cargo del Juzgado Federal 6, el objetivo de levantar las alertas rojas”.

Carlos Zannini, con su letrado Mariano Fragueiro Frías, había pedido la anulación de esta causa, y como estrategia de defensa fue quien requirió al TOF 8 que llame a declarar al exsecretario general de la Interpol, Robert Noble.

Mientras este trámite sigue pendiente, Robert Noble publicó en su cuenta de twitter que no coincide con la denuncia del fiscal Nisman, acerca de que existió un pedido del gobierno argentino para cesar con las alertas”.

Ni bien notificada, una de las partes querellantes anticipó a A24.com su rechazo a los pedidos de nulidad presentados por los imputados. Los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Avila, apoderados de los familiares de víctimas de la AMIA, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, consideraron que “la sola existencia de reuniones entre los jueces Borinsky y Hornos con Macri, son razón suficiente para dudar sobre la imparcialidad de los magistrados. Sin embargo, señalaron que el expresidente no es parte del proceso por lo que el planteo resulta inadmisible”.

En cuanto al pedido de nulidad, los querellantes sostuvieron que no existe agravio, y pidieron al tribunal -en medio de un juego de palabras- que no admita el pedido de Cristina Fernández “para que se realice una audiencia oral y pública, antes del juicio oral y público, para que no se haga el juicio oral y público”.