El tribunal resolvió que el expediente por la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo.
Los jueces avalaron el planteo del Gobierno y rechazaron que el caso siga en la Justicia laboral. (Foto: archivo).
La Cámara del Trabajo resolvió enviar al fuero Contencioso Administrativo la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión representa un nuevo respaldo judicial para el Ejecutivo en medio de la disputa por la constitucionalidad de varios artículos de la norma aprobada por el Congreso.
La resolución fue firmada por los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, quienes sostuvieron que la demanda presentada por la central sindical cuestiona al Estado en su carácter de legislador y se apoya en normas de jerarquía constitucional, leyes federales y tratados internacionales. En función de eso, concluyeron que el expediente debe tramitar en el fuero contencioso administrativo y no en la Justicia laboral.
El conflicto comenzó tras la presentación de la CGT, que reclamó la inconstitucionalidad de distintos puntos de la reforma laboral. Entre ellos, artículos vinculados con indemnizaciones, modalidades de contratación, representación sindical y jornada de trabajo.
Al responder la demanda, el Gobierno pidió el cambio de fuero y argumentó que no se trataba de un conflicto laboral tradicional entre trabajadores y empleadores, sino de una controversia planteada contra el Estado nacional.
Aunque el fiscal que intervino en el expediente había considerado que el caso debía seguir en la Justicia del Trabajo, la Cámara rechazó ese criterio y avaló el planteo del Ejecutivo.
En la resolución, los jueces también cuestionaron el trámite que tuvo la causa en el fuero laboral y señalaron que se generó un conflicto de competencia que afectó la rapidez del proceso judicial.
El Gobierno, además, insistió en que la CGT no acreditó un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la reforma. Según la postura oficial, la sola vigencia de la ley no constituye un daño actual suficiente para habilitar una intervención judicial de ese alcance.
Los representantes del Estado también pusieron en duda la legitimación de la central obrera para impulsar una acción colectiva de este tipo. Argumentaron que la CGT, en su carácter de entidad sindical de tercer grado, no puede representar automáticamente a todos los trabajadores sin demostrar afectaciones específicas.
La decisión de la Cámara se suma a otro fallo favorable para el Gobierno conocido el viernes pasado, cuando la jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 81 artículos de la reforma laboral.
Con ese pronunciamiento quedó revocada la medida dictada el 30 de marzo por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había frenado distintos capítulos de la ley tras un planteo de la CGT.
De esta manera, mientras continúa la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la reforma, los artículos cuestionados recuperaron vigencia y el expediente pasará ahora a tramitar en el fuero que reclamaba el Gobierno nacional.