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Por qué es tan difícil romper “el mecanismo” de impunidad que cubre a los corruptos

Catalina de Elía
por Catalina de Elía |
Por qué es tan difícil romper “el mecanismo” de impunidad que cubre a los corruptos
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Para empezar a desactivar el “mecanismo de la impunidad” en la Argentina hace falta compromiso de los tres poderes. Pero cuando el ala judicial pragmática le gana a la republicana, trasciende a una coalición de gobierno y se extiende en todos los organismos del Estado, hace falta que la sociedad civil se despierte y se involucre.

Que salga de la queja -que se ve reflejada en las encuestas con un descontento con la Justicia de más de un 70%- y participe activamente.

Como señalamos en el libro “La Cara Injusta de la Justicia”, con el fiscal Delgado, la Justicia Justa es una construcción colectiva y la indiferencia ante la corrupción es una forma de decidir actuar.

Tal como señala Hugo Alconada Mon en el New York Times:

“Quizás la mayoría de los argentinos ya se resignó a la impunidad o, al igual que a los políticos y empresarios, nos preocupa más la inflación y una nueva crisis económica que el combate a la corrupción”. “Quizás la mayoría de los argentinos ya se resignó a la impunidad o, al igual que a los políticos y empresarios, nos preocupa más la inflación y una nueva crisis económica que el combate a la corrupción”.

Higo Alconada Mon

Si tomamos lo que pasa en el “Lava Jato” argentino, mejor conocido como “Odebrecht”, como caso testigo, podemos concluir que si no salimos de nuestra zona de confort jamás conoceremos la “verdad”.

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Investigar a quien investiga

Esta semana Jorge “Corcho” Rodríguez, investigado por ser el intermediario entre la empresa Odebrecht y los funcionarios kirchneristas acusados de cobrar coimas, recusó y denunció penalmente al fiscal Federico Delgado por su actuación en una de las dos causas por las que fue citado a indagatoria: “Odebrecht & Aysa”.

El “Corcho” acusó a Delgado de perseguirlo “ciegamente”, de no ser objetivo y de haber vulnerado garantías constitucionales básicas como la del debido proceso.

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Días atrás, Delgado le presentó al juez Sebastián Casanello un dictamen donde por primera vez se puso de manifiesto cómo presuntamente circuló dinero desde Brasil a través de las cuentas de la empresa Uruguaya Sabrimol, manejada por Rodríguez, y que fue a parar a los bolsillos de Julio De Vido y José López, entre otros funcionarios de Planificación.

La denuncia del “Corcho” cayó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien también investiga una denuncia contra Delgado presentada por los defensores de Víctor Stinfale por su actuación en la causa Time Warp, desde hace casi dos años.

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Además, Delgado fue denunciado, junto al fiscal Sergio Rodríguez, solamente por haber tomado una declaración a un testigo del Lava Jato -el “doleiro” Leonardo Meirelles-, que fue una de las fuentes de información del juez brasileño Sergio Moro y que por el acuerdo que suscribió en el país vecino está obligado a decir la verdad, bajo amenaza de prisión efectiva por muchos años.

Como si hubiera tenido una premonición, el fiscal Delgado tituló su nuevo libro “(In)Justicia”, la que hoy está sufriendo en carne propia. Los casos de Delgado y Rodríguez, más allá de las personas físicas, demuestran el entorno de fragilidad que envuelve al Ministerio Público Fiscal, cuyo trabajo es recoger pruebas para que las analicen los jueces.

Cuando preguntan por qué en la Argentina el Lava Jato no avanza como en Brasil y los otros países de la región, para encontrar una respuesta no podemos dejar de mirar qué pasa en los oscuros sótanos del poder: en la Argentina denuncian a quienes investigan la corrupción del poder.

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Guillermo O‘Donnell advirtió, igual que la italiana Nadia Urbinatti, acerca de los riesgos para la democracia, derivados de usar la ley como instrumento, porque deja de ser la instancia que modera el conflicto social para convertirse en una cosa. Ello trae aparejada la erosión de los derechos humanos.

Por qué la delación premiada ya es una quimera

Dos fiscales que investigan el Lava Jato argentino, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, trabajan junto con el Procurador interino Eduardo Casal en una vía para acceder a la información que ofrece Brasil sobre las coimas que pagó Odebrecht en la Argentina. Intentan hacerlo amparándose en tratados internacionales.

Sin embargo, las relaciones internacionales entre los Estados están en manos de los poderes ejecutivos. Son ellos quienes deben expresar la vocación por la verdad. Que los fiscales busquen un atajo para conseguir la información, constituye un indicador para medir nuestra democracia.

La única vía para que llegue toda la información de Brasil directo a las manos de los jueces y fiscales de Comodoro Py es si se modifica el código penal y sea posible canjear información por inmunidad. Pero ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial ni tampoco en la oposición demuestran intenciones de que esto suceda.

Para que se avance con información y verdades que no le convienen a nadie más que a la sociedad civil y a la República, en Brasil hubo una cruzada anticorrupción.

Lo cuenta Hugo Alconada Mon en el New York Times. El colega, que avanzó más rápido que la Justicia argentina en acceder a la información de Odebrecht, recordó que millones de personas comenzaron a salir a las calles para reclamar transparencia en el gasto público y luchar contra la corrupción. Nada nuevo, la historia de las sociedades demuestra que los cambios se producen cuando los ciudadanos se apropian de una cuestión y pujan para que el Estado la reconozca. Así nacieron los derechos, así debe elaborarse el antídoto contra la impunidad.

El mecanismo está en todas partes

Tal como señala el policía Marco Ruffo en la serie de Netflix, “el Mecanismo está en todos lados. No es la violencia, ni la falta de educación, ni de salud, ni la economía. Lo que jode al país es la causa de todo esto”.

Esta semana la Procuración General de Chubut detuvo al ex secretario privado de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero, a los exministros de Economía Víctor Cisterna y Pablo Ocala Unidad y a varios empresarios vinculados a la obra pública en esa provincia.

“El Mecanismo es un cáncer”, dice Marco Ruffo en la serie. En la Argentina real también. Y en estado más avanzado incluso que en Brasil, porque ni las alas más republicanas del Estado ni la sociedad civil han reaccionado ante una obviedad: que si no se controla, investiga y condena el mal uso de la obra pública nos perjudicamos todos.

Lo más grave de todo radica, quizás, en una gran desatención. No prestamos demasiada atención a estas cuestiones que nos parecen lejanas. Sin embargo, ellas nos acechan. Los antiguos griegos no prestaron demasiada atención a los demagogos. Cuando lo hicieron, la democracia había muerto. Demasiado tarde.