La Sala III de la Cámara Contencioso Aministrativo Federal confirmó la decisión del juez Enrique Lavié Pico de intimar a la Oficina Anticorrupción (OA) para que le entregue a la Auditoría General de la Nación (AGN) la información sobre la labor realizada por el organismo presidido por Laura Alonso. La OA había apelado el fallo de primera instancia, pero ahora la Cámara lo rechazó.
En la resolución a la que accedió A24.com, los camaristas Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández argumentaron que "si bien el demandado adujo que la información requerida podría encontrarse alcanzada por el deber de reserva, tampoco acreditó tal circunstancia y, aún en ese supuesto, no hubiese resultado óbice a acceder a lo solicitado".
Asimismo, los magistrados destacan que "el Sr. Juez de primera instancia destacó que la información requerida por la Auditoría General de la Nación resultaba relevante a fin de llevar a cabo la labor de control externo del sector público y, asimismo, ponderó, que su denegación importaba restringir la manda constitucional que le correspondía ejercer, respecto al examen de legalidad y de gestión de los organismos bajo su control. Además, precisó que esa información no podía estar sujeta a condicionamiento alguno por parte del organismo auditado, y que la reticencia en suministrarla, obstruía el desenvolvimiento de las tareas de auditoría constitucionalmente otorgadas al órgano de control, más aun teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el primer requerimiento".
De esta manera, concluyen: " En tales condiciones y toda vez que la parte demandada no ha logrado enervar -mediante las argumentaciones intentadas- la existencia de excepción alguna que impidiera en el caso ´Causa Nº 30.986/2019: “AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN c/ EN- M JUSTICIA -OFICINA ANTICORRUPCION s/ AMPARO POR MORA´ el acceso a la información solicitada por la Auditoría General de la Nación, ni que hubiese cumplido en forma adecuada y completa con el requerimiento efectuado por ésta, corresponde rechazar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia. Las costas de esta instancia se imponen a la parte demandada, por no hallarse motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota".
Concretamente, la AGN solicitó auditar los manuales de procedimientos y guías de trabajo así como también la labor realizada desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018, la lista de denuncias presentadas ante la justicia, de las recibidas por el organismo y el estado de las mismas.
Para fundamentar su decisión, el juez de primera instancia Lavié Pico había señalado que "si la ley 27.275 garantizaba el ejercicio del acceso a la información pública a la ciudadanía, estableciendo principios rectores como la presunción de publicidad y la transparencia en la gestión pública, ello cobraba aún más trascendencia tratándose de un organismo de control de rango constitucional".
