La cercanía con las elecciones impactó de lleno en la justicia: la gran mayoría de causas que involucran al poder entraron en la famosa “meseta”. Allá por 2016, primer año de Mauricio Macri en la presidencia, con Federico Delgado describimos cómo la meseta de las elecciones 2015 había pasado a ser una pista de carrera.
De Cristina Kirchner para abajo, una gran cantidad de ex funcionarios K comenzaban a ser noticia en Comodoro Py. Indagatorias, procesamientos, detenciones. Ya no eran “poder” y los jueces desempolvaron expedientes claves. Aún hoy, los efectos de ese despertar ocupan las páginas de los diarios.
También mencionamos allá por 2016 la señal de alerta derivada de la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Casi tres años después, aquel texto está para reescribirse por la dinámica de estos días.
Los mismos expedientes que despertaron ya están en juicio oral y los que se relacionan con hechos del actual gobierno ya no mueren automáticamente, empiezan sigilosamente a moverse.
Sobrevuela en este espacio una pregunta simple ¿Cómo puede ser que nadie se atreva a cuestionar de verdad el sistema? Ninguno de los candidatos lo explicó con claridad en sus plataformas electorales.
Una vez más, la historia se repite como tragedia. El gobierno intuye los riesgos de esta inercia institucional argentina. En efecto, lo intentos de cerrar el expediente del “Correo Argentino”, los movimientos en el Consejo de la Magistratura contra el juez Alejo Ramos Padilla, el desplazamiento de Alejandro Slokar de la causa “D’Alessio”, las maniobras para “desarrepentir” a Manuel Vázquez del “Soterramiento”, la fragmentación del caso de los "aportantes truchos". En fin, todo esto se asemeja a una suerte de dispositivo para prevenir “daños”.
Es paradójico, pero todo indica que esos movimientos se inscriben en un intento de escapar de lo que parece la ley de hierro de la justicia: quien abandona el poder, sufre consecuencias judiciales. Y el gobierno está en medio de una disputa electoral abierta, de acuerdo a las principales encuestas.
Pese a todo es probable que el caso “D´Alessio” arroje algunas novedades. El juez Ramos Padilla citó ayer por sexta vez al fiscal de los Cuadernos Carlos Stornelli. El espía Jaime Stiuso va a declarar como testigo y una nutrida agenda se inicia en los primeros días de julio:
Pero la justicia no sólo se ocupa de los funcionarios. Hay otros fueros en los que el lenguaje penal avanza sobre los más vulnerables. La justicia ordinaria de la ciudad aplica la ley de manera homogénea y casi sin analizar casi cada.
De hecho, una estadística de la Fiscalía N° 16 revela que una de las políticas públicas del Estado con respecto a la pobreza y a la violencia es la cárcel. Los números conmueven si los pensamos en clave de la biografía de los que cometieron los delitos. De junio de 2018 a junio de 2019, trataron 63 de robos. El 30% fueron cometidos por personas en situación de calle.
En el mismo sentido,el colega Fernando Soriano publicó en Infobae que aumentaron los detenidos por robar para comer en la ciudad. “Cifras del Ministerio de Justicia nacional, muestran que las causas por flagrancia aumentaron entre el primer y el segundo semestre de 2018: de 1.170 casos a 1.721, lo que implica un incremento del 48%. Estadísticas referidas a diciembre pasado indican que del total de hechos dentro del proceso de flagrancia el 46% fueron robos, el 31%, tentativas de robos, hurtos, el 9%; y los robos con armas representaron apenas el 3%”. En la nota de A24.com titulada “Robo de duraznos, pañales y melones: en qué pierde tiempo la justicia argentina” también hablo del tema.
La comparación es obvia. Mientras tanto, la fiscal Gabriela Boquín intenta, desde 2016, conocer el pasado del Correo Argentino para que los jueces determinen si hubo un fraude. Recordemos que los hechos datan de 2003 y la justicia aún no se pronunció. Sin embargo, en materia de delitos comunes la velocidad impacta. Hay una justicia exprés para los pobres.
Estamos cada vez más lejos de la promesa democrática que inauguramos en 1983.
