La democracia procedimental, al encontrar legitimidad únicamente en el consenso popular, puede llegar a dar ocasión a un verdadero proceso “deconstituyente”. Por ejemplo, cuando en nombre de la democracia se hieren sus principios básicos, como la existencia de poderes independientes.
La democracia requiere, en otras palabras, un fuerte compromiso ético con los procedimientos legales. La legalidad es el único camino de hacer efectivos los derechos. Esta idea no es propia. Es el espíritu del texto del filósofo italiano Luigi Ferrajoli “Los poderes salvajes” (Trotta, Madrid 2011). Ferrajoli advierte el peligro de buscar fines justos por cualquier medio.
Escribo esto mientras leo la entrevista que resumió la edición del diario perfil a Gleen Greenwald, fundador y editor de The Intercept Brasil. Greenwald hace hincapié sobre las sospechas que envuelven la actuación de los fiscales y del juez Sergio Moro en el caso “Lula”.
El espejo con la Argentina es inevitable cuando observamos la relación entre la corrupción, el reclamo social de su sanción y la ineficacia crónica de la justicia para resolver la cuestión.
El tema es que, siguiendo la tesis de Ferrajoli, es tan importante castigar la corrupción como el camino que se recorre para hacerlo.
Tolerar investigaciones sospechadas de irregularidad en nombre de fines más altos puede en el corto plazo generar alguna satisfacción. Pero, ello equivale a recorrer un camino que quiebra los procedimientos legales. Quebrar los procedimientos legales es violar derechos y ello implica minar los cimientos de la democracia.
Concretamente, cuando permitimos la violación del derecho a la intimidad, cuando toleramos la existencia de causas amañadas o convalidamos con nuestro silencio brutales prácticas de violencia institucional.
Ferrajoli dice que este camino es el que subordina la vida de todos los ciudadanos a los intereses de “Los poderes salvajes”. En la Argentina, el debate para resolver esto es muy pobre y se limita a descalificaciones recíprocas. Ninguna sociedad puede vivir razonablemente bien sin una institución que resuelva sus problemas de un modo imparcial.
