Qué pasó. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y varios altos funcionarios del gabinete económico de Cambiemos están cada vez más cerca de tener que explicarle al juez Sebastián Casanello el doble rol que jugaron en el acuerdo con los fondos buitre en enero de 2016.
La denuncia la hizo el abogado Ricardo Barcesat en febrero de 2016 y sigilosamente la Justicia avanzó sobre los presuntos vínculos de estos funcionarios con los bancos extranjeros que intervinieron en la operación, a cambio de una jugosa comisión.
Casanello también busca saber si los funcionarios canjearon personalmente bonos defaulteados. Si esto fuese así podrían haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública ya que habrían lucrado con información privilegiada.
Qué significa. Que los funcionarios que debían representar los intereses del Estado argentino en la negociación con los fondos buitre podrían haberse beneficiado ellos mismos y, además, haber favorecido a terceros.
La investigación. La justicia analizó declaraciones juradas que presentaron los funcionarios a la AFIP y a la OA (Oficina Anticorrupción), los vínculos laborales anteriores al ingreso a la función pública y también recibió declaración de los empleados de los fondos buitre.
El resultado arrojó, hasta ahora, algunas inconsistencias que podrían ser penalmente relevantes.
Cómo sigue. La Justicia espera nuevos informes que podrían determinar el grado de responsabilidad de Caputo y el resto de los imputados.
