Los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, consideraron que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación porque intentó mover montos millonarios de sus cuentas, al menos cinco millones de dólares, a pesar de que tiene un embargo de 600 millones de dólares. El fiscal Córdoba acreditó esta maniobra tras recibir un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
De este modo, fundamentaron que "los actos llevados a cabo en el país y en el extranjero en los que habría tenido participación Martín Antonio Báez no deben ser analizados de manera aislada, toda vez que tal como se desprende de los hechos que conforman la imputación por la que actualmente se está llevando a cabo el juicio oral".
Además, los jueces argumentaron que "las constancias documentales obtenidas a través de los mecanismos de cooperación internacional darían cuenta de que el grupo investigado se habría valido de numerosos entramados societarios, bancarios y financieros desplegados en distintas partes del mundo, desconociéndose el destino de fondos millonarios que podrían importar el provecho del delito que se está juzgando".
En este contexto, los jueces concluyeron que si Martín Antonio Báez seguía en libertad peligraría el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos que se encuentran involucrados en el juicio oral y público conocido como "la ruta del dinero K".
Los jueces además sostuvieron que analizaron los motivos esbozados por Martín Baéz para no concurrir ayer a la audiencia del juicio fueron “endebles” . Concretamente afirmaron que “los argumentos dados no resultarían suficientes para justificar el incumplimiento advertido”.
En la misma resolución, el TOF 4 dipuso además que el imputado Leandro Antonio Báez, hermano de Martín, deberá cumplir con las medidas cautelares oportunamente fijadas: esto es la prohibición de salida del país y requerir autorización para ausentarse del domicilio por más de 24 hs sin previo aviso al Tribunal.
