El 10 de enero de 1994, cuatro trabajadores fueron confundidos con delincuentes y acribillados a balazos por oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Aún no había ocurrido el atentado contra la AMIA; tampoco la prensa había acuñado la expresión “maldita policía”. El segundo jefe de la Brigada era el hoy abogado Juan José Ribelli.
Los policías buscaban a los autores de un robo a una sucursal del Banco Galicia. Todo parece indicar que confundieron el vehículo que utilizaban los asaltantes en su huida y se toparon con Edgardo Cicutín, un vendedor de libros que se desplazaba en un Dodge 1500 medio destartalado. Varios de los más de 200 disparos, gran parte de ellos provenientes de itakas y ametralladoras, efectuados por los uniformados acabaron con su vida; su compañero Claudio Díaz sobrevivió.
En otro vehículo, un remis Peugeot 505, murieron el conductor, Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa.
El Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Jorge Camino, Claudio Fernández y Marcelo Dellature, convocó para el próximo 6 de diciembre a la audiencia preliminar, antes de la iniciación del juicio oral y público. Allí se definirán cuáles serán las pruebas que se evaluarán en el debate, cuya fecha será anunciada probablemente ese mismo día. Las partes evalúan que el juicio comenzará en los primeros meses de 2020.
Los acusados serán Roberto Oscar Mantel, Hugo Patricio Reyes, Osvaldo Américo Lorenzón, Julio César Gatto, Marciano González, Pablo Francisco Dudek, Eduardo Ismael Gómez, Marcos Ariel Rodríguez y Marcelo Daniel Valenga.
A lo largo de los últimos cinco lustros todos fueron absueltos, pero la Corte Suprema bonaerense anuló los sobreseimientos que beneficiaban a policías provinciales, reabrió la causa y recomendó las "comprobaciones necesarias para procurar la identificación y sanción de los responsables del hecho".
El máximo tribunal provincial calificó al hecho como una "grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado".
Tras un inexplicablemente demorado trámite judicial, fueron enviados a juicio. Todos están en libertad. Según la imputación, existe “motivo bastante para sospechar que los imputados resultan ser coautores” del delito “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas reiterado, cuatro hechos, en concurso real con tentativa de homicidio calificado”.
Otros dos acusados, César Córdoba y Carlos Saladino, murieron.
Los policías se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. Rodríguez, quien fue detenido en 2014 en Córdoba, estaba apartado de la bonaerense por una sanción que había recibido el año anterior. Sin embargo estuvo en el lugar junto con sus colegas habilitados para vestir uniforme, aunque en ese caso no lo hubieran tenido.
En agosto pasado, la Cámara Civil de La Plata condenó al fisco de la provincia de Buenos Aires a indemnizar con más de seis millones de pesos e intereses de 25 años a la viuda y los dos hijos del remisero Corbo. El fallo fue firmado por los jueces Andrés Soto y Laura Larrumbe.
