Las reformas a la Ley de Sociedades busca simplificar la creación de empresas, digitalizar los procesos y adaptar la normativa a las nuevas tecnologías.
Según explicó el ministro, el proyecto apunta a reemplazar un esquema que consideró excesivamente restrictivo por otro basado en la autonomía de las partes. (Foto: archivo)
Federico Sturzenegger anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reformas a la ley General de Sociedades con el objetivo de simplificar el funcionamiento de las empresas, reducir la intervención estatal y adaptar la normativa a las nuevas formas de organización económica y tecnológica.
La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, encabezado por Sturzenegger.
Según explicó el ministro de Desregulación, el proyecto apunta a reemplazar un esquema que consideró excesivamente restrictivo por otro basado en la autonomía de las partes y una mayor libertad para la actividad privada.
“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, sostuvo el funcionario.
Uno de los cambios centrales del proyecto establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio, por lo que las reglas fijadas en los estatutos de cada sociedad pasarán a tener mayor relevancia.
“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, afirmó Sturzenegger.
En ese sentido, el funcionario señaló que las restricciones impuestas por el Estado serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Además, los registros públicos no podrán emitir resoluciones que limiten derechos contemplados en la legislación.
La reforma también propone flexibilizar el objeto social de las empresas. De aprobarse la iniciativa, las sociedades podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas. Incluso, el texto prevé que cuando un estatuto no especifique un objeto determinado, la sociedad quedará habilitada para realizar cualquier actividad lícita.
La propuesta incorpora además mecanismos destinados a facilitar la reorganización empresarial. Entre ellos, se establece que una sociedad que posea el 100% del capital de otra podrá absorberla directamente mediante una decisión de su órgano de administración, sin necesidad de instancias societarias adicionales.
A su vez, se habilita la renovación automática del plazo de duración de las compañías y se dispone que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado, salvo que el estatuto establezca otra modalidad.
Otro de los ejes de la reforma es la modernización digital de las sociedades. “Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, destacó Sturzenegger.
El proyecto también incorpora figuras jurídicas como la denominada Sociedad Automatizada, una empresa que puede operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir intervención humana permanente para sus actividades habituales.
Además, se reconoce legalmente a las organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO, que pueden funcionar total o parcialmente de manera automatizada mediante el uso de tecnología blockchain y sistemas basados en tokens.
Según la propuesta oficial, ambas estructuras contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.
La reforma incorpora los instrumentos de inversión convertibles, una herramienta que permitirá a los inversores aportar capital a una empresa sin adquirir inicialmente la condición de socio ni asumir responsabilidades por las deudas de la sociedad. De acuerdo con la explicación oficial, el mecanismo busca ampliar las fuentes de financiamiento para emprendimientos y empresas que requieran capital de riesgo.
Otro de los cambios previstos habilita a las sociedades a pactar mecanismos alternativos para resolver conflictos internos. La iniciativa permitirá que determinadas controversias puedan someterse a arbitrajes privados y, en algunos casos, a normas de derecho extranjero o mercantil internacional.
El proyecto ingresará al Congreso en los próximos días y deberá ser debatido por ambas cámaras antes de su eventual aprobación.
