Hace casi dos años, el carnicero de Zárate Daniel “Billy” Oyarzún persiguió con su auto a Brian González uno de los dos delincuentes que habían robado su local hasta atropellarlo y matarlo. Por estos días, un jurado popular deberá decidir si lo encuentra culpable por homicidio simple, delito que tiene una pena de hasta 25 años de prisión, si lo encuentra culpable por exceso en la legítima defensa o si decide declararlo inocente en caso de entender que actuó en legítima defensa.
Sobre este caso, me interesa analizar dos conceptos. En primer lugar, ahondaré en la llamada "justicia por mano propia": por qué un carnicero de Zárate llegó a matar a un delincuente y el problema que implica esto para nuestra sociedad. En segundo lugar, quiero reflexionar sobre la luz de esperanza que nos trae la experiencia de los juicios por jurados.
La inseguridad revela algo más que el temor al otro, es algo más que ese miedo a salir a la calle. La inseguridad tiene efectos bien diferentes a los pedidos de mano dura. Tan hondo caló la inseguridad que muchos ciudadanos justifican moralmente la decisión de hacer justicia por mano propia. De la mano de un concepto jurídico como la “defensa propia” que tiene requisitos técnicos muy complejos, hemos llegado a tolerar que un ciudadano mate a otro. Frente a una amenaza a nuestro derecho de propiedad o a nuestra libertad, admitimos que una persona mate a otra. ¿Qué significa eso como sociedad?
Tolerar la justicia por mano propia constituye un indicador que muestra cómo cruje nuestra organización social basada en derechos, plasmada en la Constitución. Ello es así porque cuando decidimos vivir juntos, admitimos que nuestros problemas más profundos no los resolveríamos entre nosotros, sino que lo haríamos en base a la ley. Y resolvimos que la ley la iba a aplicar el sistema judicial. Cuando tomamos esa decisión, asumimos que no siempre nos iba a gustar la decisión de un juez, pero que sí la respetaríamos como sea. Sabíamos que si había alguna chance de convivir en medio de semejante heterogeneidad, ella se vinculaba con la apuesta a la ley como mecanismo de resolución de nuestros conflictos.
Corría septiembre de 2016 y el propio Presidente de la Nación opinó públicamente que el carnicero Oyarzún “debía estar con su familia, tranquilo”. Es decir, Mauricio Macri justificó moralmente cómo un vecino mató a un agresor y de algún modo presionó simbólicamente al Poder Judicial declarando que el agresor debía estar con su familia. A la par, muchos referentes sociales y comunicadores hicieron lo mismo.
¿Qué pasó? Pasó que el sistema judicial no es creíble. La mayoría no confía en sus decisiones. La sociedad civil le quitó esa magnífica palabra que utilizan los ingleses “trust” y que nosotros traducimos como confianza. La desconfianza en el sistema judicial no sólo implica que los jueces sean insultados en los supermercados o que los tribunales estén rodeados de rejas. También implica que los ciudadanos resuelvan los conflictos por mano propia. Si esta espiral permanece en un camino ascendente vamos a camino a una suerte de “Estado de Naturaleza”: la guerra de todos contra todos.
En tiempos de crisis, hay que tener especial cuidado con estas cuestiones. Es evidente que hay mucho para hacer y debemos trabajar entre todos para evitar que suceda algo así. Es que la última vez que los argentinos pedimos “orden” a “cualquier precio” fue el 24 de marzo de 1976. Esa debería ser nuestra premisa para pensar. Sobre todo la dirigencia, que debería ser un poco más mesurada a la hora de opinar sobre estas ejecuciones.
El segundo concepto que me interesa analizar sobre el caso del carnicero de Zárate es que el mismo pone en el centro de la escena a los juicios por jurados, que son un experimento magnífico en términos de vida pública.
En primer lugar, porque un caso de esta magnitud espera el veredicto ciudadano. Los jurados nos van a mostrar cuál el significado moral de la relación entre la seguridad y la muerte. En segundo lugar, porque nos pueden suministrar un ejemplo que reconcilie la ley con la justicia: el veredicto del jurado va estar impregnado de lo que los ciudadanos creen que es la ley, más allá de la opinión de los juristas. En tercer lugar, el caso nos puede demostrar de manera empírica que la justicia es una construcción ciudadana y que, cuanto más trabajen los ciudadanos de ciudadanos, más nos vamos a acercar al ideal de la Constitución.
