A la par, el miércoles la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, concurrió como imputada ante el juez Luis Rodríguez, acusada de encubrir al ex ministro Juan José Aranguren quien, a su vez, está imputado de haber favorecido a Shell desde su cartera. Después de cuatro años, la justicia advirtió que esos hechos podrían ser anómalos. ¿Se repetirá la historia?
No se sabe. Pero es evidente que, como siempre, la transición de un gobierno a otro alteró la forma en que los jueces ven los hechos y aplican el derecho. Es como que se reescriben las historias de los últimos años. Los protagonistas son los mismos pero sus roles cambian. Lo que antes era prueba irrefutable de golpe se transformó en indicio, lo que antes era un riesgo procesal se convirtió en un derecho constitucional.
En fin, nada nuevo... aunque las semillas que germinan en el Estado rompen las estructuras institucionales desde adentro y poco a poco amenazan la democracia sin que nadie reaccione.
De hecho, el lunes que viene la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner debería declarar ante el juicio denominado “Obra Pública”. Se trata de otro expediente sospechado por propios y extraños, pero que tenía una oportunidad de torcer esa sospecha. En efecto, desde mayo de este año la Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de tomar el toro por las astas.
Esto significa que los supremos podrían distinguir la paja del trigo y explicar de manera clara, precisa y consistente si efectivamente en los tribunales federales se aplicó mal la ley los últimos años. Y, en tal caso, determinar quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y qué sanción les cabe por ello. O, por el contrario, afirmar que los procesos son legales y que deben terminar en un período de tiempo rápido para determinar quiénes son culpables y quiénes son inocentes.
Pero la Corte no tiene plazos legales para emitir sentencias. El problema es que el paso del tiempo, especialidad de la justicia argentina, es garantía de olvido.
