El fiscal Carlos Rívolo al Juez Claudio Bonadío elevar a juicio oral la causa que tiene a 53 ex funcionarios acusados por presunta defraudación en el programa de tratamiento de residuos, por un monto de 590 millones de pesos. Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitalich, junto a otros ex funcionarios, asesores e intendentes forman parte del grupo de investigados y procesados.
Se trata de partidas de dinero que entregó el Estado a distintos municipios en todo el país, pero que habrían sido parte de un "reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales", según el fallo de la Cámara Federal de noviembre pasado.
Rívolo hizo hincapié, de cara a un futuro juicio oral, que "las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto" privando "a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental".
Rívolo aseguró que "la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados" cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes "sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas"
