Dos policías bonaerenses del área de investigaciones sobre drogas peligrosas quedaron detenidos por el delito de “encubrimiento con fines de lucro” por circular a bordo de un automóvil con chapas patentes falsas, numeración de motor y chasis adulterados y papeles apócrifos.
La Cámara Federal concedió un recurso de apelación para que durante la feria judicial se revisen sus pedidos de excarcelación, pero entretanto confirmó los procesamientos y dispuso profundizar la investigación para hallar a un prófugo e identificar a otro imputado.
El 27 de setiembre del año pasado, Jonatan Damián Ramírez puso a disposición del también policía bonaerense Walter Edgardo Robles y de su colega Miguel Alejandro Torres (prófugo) un automóvil “que llevaba una patente falsa que no le correspondía y cuya numeración de chasis y motor había sido adulterada”.
Esa adulteración fue descripta en el fallo, al que tuvo acceso A24.com, como “calcomanías del número de identificación del vehículo -vin y vis- tapados o removidas de los lugares originales y los grabados de los cristales adulterados, así como también una cédula de identificación del automotor falsificada”.
La sigla VIN significa Vehicle Identification Number (número de identificación del vehículo) en tanto que VIS es Vehicle Identifier Section (lo mismo pero sobre la sección automotor). Ambas son nomenclaturas internacionales para la documentación de los rodados.
“El auto, a su vez, le fue provisto en ese estado por un tercero a quien todavía esta instrucción no ha logrado identificar”, añade la resolución.
Ramírez y Robles se desempeñaban como Subinspector y Capitán, respectivamente, del Gabinete de Drogas de la Dirección Departamental de Investigaciones de Moreno-General Rodríguez de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El otro imputado, el prófugo Torres, se encontraba al mando de esa unidad en su calidad de Subcomisario.
Los policías se defendieron argumentando que “la intención fue utilizar un automóvil en el que pudieran pasar inadvertidos en las tareas de investigación que estaban desarrollando porque, según dijeron, los pertenecientes a la brigada resultaban fácilmente identificables”.
Pero el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo descreyeron de esa versión, y los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun los respaldaron.
“Las alegadas tareas que iban a desarrollar tendrían lugar en jurisdicción de Morón, mas ello no se pudo corroborar con la información brindada por la Fiscalía de esa jurisdicción”.
“Por otro lado, el Jefe de la DDI Moreno General Rodríguez informó que contaban con nueve móviles de distintos tipos y marcas, aclarando que -incluso- tenían más rodados que personal”.
Descartada la explicación de los uniformados, los jueces remarcaron que “aún se encuentra en curso la investigación sobre otros integrantes de una fuerza de seguridad, hallándose uno de ellos prófugo a la fecha (pese a que tuvo noticias ciertas del inicio de la causa)".
Además, se ignora de momento "la identidad de quien puede completar el panorama (en tanto habría hecho entrega del rodado y de su documentación en las condiciones en las que fue secuestrado)”.
Los procesamientos fueron confirmados, de modo tal que la causa se encamina hacia la etapa de juicio oral y público.
No obstante, los camaristas Irurzun y Bruglia aceptaron que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, revise si ambos policías provinciales deberán seguir detenidos o podrán esperar el juicio en libertad.
