Emocionante

La prisión preventiva: por qué este tema retumba en Comodoro Py después de la bomba de las PASO

Catalina de Elía
por Catalina de Elía |
La prisión preventiva: por qué este tema retumba en Comodoro Py después de la bomba de las PASO

En julio de 2017 nació la llamada “Doctrina Irurzun”. Fue en el fallo de la Cámara Federal que avaló el pedido de detención de Julio De Vido.  Lo reclamaba el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa “Río Turbio”. En su, ya famosa resolución, los camaristas argumentaban que el ex ministro de Planificación K conservaba vínculos residuales en el poder y que, por ende, había riesgo de entorpecimiento en la investigación.

Ya en prisión, De Vido fue acumulando la condena por la Tragedia de Once y otros pedidos de prisión preventiva. Por la “cantidad de causas” y el “estado avanzado” de algunas de ellas, la Cámara Federal ratificó su prisión preventiva. La justicia debe resolver aún el pedido de su defensa del arresto domiciliario.

El caso de Milagro Sala fue similar y el primero en usar la prisión preventiva. De hecho, inauguró la nueva función de dicha prisión, lejos de las pautas que hasta entonces manejaba la justicia. Fue detenida por una protesta en enero de 2016, posteriormente fue acumulando otros procesos judiciales que se usaron para justificar la detención. Luego fue condenada.

Estos casos no son los únicos. También fueron detenidos con prisión preventiva Roberto Baratta;  el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (condenado por la Tragedia de Once); Amado Boudou (ahora condenado con confirmación de Casación en la causa “Ciccone”); Ricardo Jaime (también condenado después de la prisión preventiva); Lázaro Báez (detenido desde abril de 2016 en el marco de la causa de lavado conocida como “la ruta del dinero K”); Fabián de Sousa y Cristóbal López (por la causa - hoy con juicio en curso- de “Oil Combustibles”). 

Los casos de todos ellos son distintos entre sí pero tienen en común una misma condición. Los jueces de Comodoro Py, que habían acumulado papeles en los expedientes que los involucraban durante todo el kirchnerismo, consideraron que era hora de encarcelarlos recién cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri.

Durante los doce años de gobierno kirchnerista, los jueces no habían encontrado motivos para avanzar y detenerlos. Pero, paradójicamente, con Macri ya Presidente esos magistrados consideraron que “el poder residual” que detentaban era “riesgoso”. 

Así, aunque la “doctrina Irurzun” nació en 2017, en la práctica, Comodoro Py comenzó a utilizarla de hecho en 2016 una vez que los K habían dejado el poder. 

Por más que hubo, hasta incluso en instancias internacionales, reclamos sobre el uso y abuso de las prisiones preventivas recién con la aparición de encuestas que ponían en duda la continuidad de Macri en el poder, confirmadas ahora con los más de quince puntos que sacó la fórmula “Fernández - Fernández”, la “doctrina Irurzun” comenzó a crujir. 

Mientras parte del debate público se limita a especular sobre la acción de los jueces federales -esto es si van a utilizar la prisión preventiva con la misma intensidad que hace dos años- la cuestión de fondo permanece invisible para el gran público. Aunque, probablemente, sea el problema más grave. 

Quizás sea tiempo de discutir cuál es el sentido de la prisión preventiva y de lograr las reformas legales necesarias para que el encierro deje de ser una facultad discrecional de los jueces.

Por ejemplo, países como Perú le asignaron un tiempo determinado. El tribunal europeo de DDHH hace más de veinte años estableció pautas específicas. La Corte Interamericana de DDHH también se ocupó de manera intelectualmente honesta sobre el punto.

En definitiva, lo que hay que discutir es en qué casos concretos la libertad puede ser limitada sin una condena que lo respalde.