Esta semana empieza una etapa clave para el presidente Alberto Fernández. El Poder Ejecutivo enviaría el miércoles próximo al Senado los dos proyectos de ley de reforma judicial, que desatarán el mayor conflicto político con la oposición de Juntos por el Cambio. Un proyecto buscará ampliar a 46 la cantidad de juzgados federales, donde se investigan las causas de corrupción. El otro, ampliar el número de miembros de la Corte Suprema y dividirla en seis salas para nombrar jueces confiables.
"El proyecto se presentaría el miércoles", señalaron a A24.com en la Casa Rosada. La misma frase se viene repitiendo casi semanalmente desde que empezó la gestión: la última "promesa" había sido el viernes pasado.
Si esta vez se ratifica, va a empezar a cumplirse la letra chica del contrato entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sellado en 2019, por el cual el primero se convirtió en Presidente de la Nación. Según pudo saber A24.com, la expresidenta busca quedar liberada de todas las causas judiciales que amenazan a ella y a sus hijos, el diputado Máximo y a Florencia Kirchner. La inmunidad es lo primero.
Colateralmente, busca complicar judicialmente al expresidente Mauricio Macri con causas de espionaje o corrupción administrativa; y acumular el mayor poder posible en el Estado para el kirchnerismo duro para posicionar a Máximo y a Axel Kicillof para 2023.
Según pudo saber A24.com, desde la oposición de Juntos por el Cambio comenzaron a mostrar los dientes. En el Senado, ese bloque usará el poder de bloqueo de los dos tercios, que ya demostró que tiene, para condicionar el nombramiento de eventuales jueces supremos y del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.
En Diputados, los miembros de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica acordaron tomar posiciones en conjunto y buscar apoyo de otros bloques opositores para impedir reformas que signifiquen un traje a medida para el kirchnerismo. El antecedente ocurrió con el rechazo a la expropiación de Vicentin y a la derogación de un DNU de escuchas telefónicas que las sacaba de la Corte y las dejaba en manos del futuro procurador general.
El Presidente tiene otros objetivos inmediatos y perentorios: quiere dejar atrás la pesadilla de la pandemia por el coronavirus y presentar un horizonte de futuro y recuperación económica, para lo cual prepara para la semana próxima una batería de 60 medidas para reactivar la producción, el consumo y dar incentivos fiscales. Pero la reforma judicial podría trasladar la agenda al conflicto ineludible con la oposición.
En los bloques de Juntos por el Cambio, tomaron nota de las embestidas judiciales del Gobierno por impulso de Cristina y denuncian:
“Se viene una discusión dura, donde la oposición hará valer el número de diputados y senadores. Y esta será una causa por la cual deberemos ampliar el número de nuestros bloques en las elecciones de 2021”, dijo un senador cercano a Mauricio Macri.
El nivel de conflicto se contrapone al mensaje que Alberto quiere instalar en estos días. Durante la apertura del Plenario Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de Hugo Yasky, el Presidente propuso ayer “reescribir la economía pensando en un gran acuerdo donde todos seamos actores, partícipes y donde todos ganemos, no un acuerdo donde unos ganan y otros pierden. Y eso hay que construirlo”. Con la reforma judicial en el horizonte no cabe esperar más que una escalada de peleas.
La senadora Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio (Córdoba) dijo a A24.com: “En el Senado tenemos la llave de los dos tercios de los votos para la aprobación de los futuros jueces de la Corte Suprema o el Procurador General de la Nación”. También señaló que el pliego de Daniel Rafecas “podría caerse por falta de aprobación de la oposición”, que no prestaría los dos tercios de los votos. En votaciones anteriores, Juntos por el Cambio y los senadores aliados, como Juan Carlos Romero, Lucila Crexell y Carlos Reutemann, se opusieron a decisiones que requerían dos tercios de los votos y las frenaron.
El proyecto del oficialismo prevé, como puntos importantes:
En otro proyecto, el Poder Ejecutivo apunta a crear una Comisión de notables que analizaría una reforma en la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, en el Ministerio Público y la implementación del juicio por jurados. El Presidente repasó los proyectos el domingo, en Olivos, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
No se prevén modificaciones en los sistemas de elección y concursos de jueces. En cuanto a los nuevos jurados, estarían integrados por doce miembros en lugar de los jueces actuales.
El proyecto es revisado por Alberto Fernández; Losardo; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
En tanto, trascendieron los nombres posibles de los futuros integrantes del Consejo de notables que definirá las propuestas para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y la instrumentación del juicio por jurados y del sistema acusatorio.
Un inevitable conflicto generará el nombre de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner en varias causas de corrupción. Aunque también estará la jueza Inés Weimberg de Roca, a la que Macri le había propuesto la Procuración y nunca tuvo número en el Senado para designarla, igual que lo que ocurriría con Rafecas si la oposición bloquea los dos tercios.
También se convocaría a varios juristas, la mayoría de ellos de orientación progresista y garantista: León Arslanian, Marisa Herrera, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo. El Presidente los invitó para una presentación oficial este miércoles a las 16 horas. Ese cuerpo de notables tendría un plazo de 90 días para presentar una propuesta. Comienza seguramente una etapa de alto nivel de enfrentamiento y una fuerte pelea entre el oficialismo y la oposición.