La sombra de la impunidad, las dudas sobre el accionar de una justicia independiente de la política de turno sobrevuela la decisión de remover a la jueza Marcela Garmendia, quien estaba a cargo de la megacausa contra Daniel Scioli y otros 47 procesados.
En la práctica, los planteos de las defensas de los ex funcionarios y empresarios procesados dio resultado y hace demorar el proceso que iba camino al juicio oral. “Justicia lenta, verdad que huye” coinciden los juristas. Y aparecen los riesgos de que esta investigación corra el mismo destino que, por ejemplo, la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, durante el gobierno de Carlos Menem (aún sin resolución definitiva).
Las idas y vueltas, los cambios de jueces, las nulidades y recusaciones se repiten cuando la Justicia que no resuelve del todo.
Los hechos de las últimas semanas en los tribunales federales de Comodoro Py, que incluyen la libertad de presos acusados por causas de corrupción, también pueden explicarse en un nuevo contexto político cuya caja de resonancia empieza a impactar en otros fueros.
La reciente libertad de Jorge Castillo, “El rey de La Salada” acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba usando barra bravas, entre otros delitos, es un ejemplo de lo que puede pasar con varias causas de corrupción en la justicia bonaerense.
La libertad del ex presidente Lula, con ocho procesos judiciales en su contra, es el contexto regional en este tipo de causas judiciales. Por esta horas en la Corte Suprema de Brasil se pide analizar las investigaciones de corrupción y en particular el Lavajato. El periodista brasileño Patricio De La Barra, le dijo a A24.com que “están a punto de salir en libertad más de 70 presos de un total de cinco mil que pueden tener la misma suerte”.
En la causa contra el ex gobernador Scioli, después de años de avance y acumulación de pruebas en cada uno de los 11 procesos a cargo del equipo que dirige el fiscal Alvaro Garganta progresó sin prisa y sin pausa. Aún bajo la mirada crítica de la jueza de garantías Garmendia, la investigación determinó allanamientos (como los realizados en el Country de Walter Carbone al que se le descubrió un -¿caja fuerte?- con forma de dragón alado o el que permitió el secuestro de obras de arte en poder de Alberto Pérez).
Una multiplicidad de pruebas y procesados a punto ingresar en la última etapa: el juicio oral. “Con esta decisión de la Cámara de Casación se garantiza impunidad para los acusados ya que el próximo juez debe revisar todo de nuevo y valorar lo actuado hasta acá de los últimos años de investigación”, confirmó uno de los funcionarios judiciales a partir del cambio de juez.
La investigación comenzó en 2008 cuando la diputada Elisa Carrió denunció “las cajas negras de Scioli” como parte de una maquinaria de corrupción encabezado por los principales funcionarios del anterior gobierno bonaerense. Una causa que empezó en 2016 instruída por la UFI 11 de La Plata. Un megaproceso que seguimos en el programa La Cornisa por América TV:
Se preveía que el juicio empezara en 2020. En la investigación hay 48 procesados, entre ellos Daniel Scioli y los ex funcionarios Guillermo Scarcella, Alberto Pérez, Walter Carbone, Luis Alberto Peluso y el empresario Ricardo Miller.
La jueza de Garantías 5 de La Plata estaba resolviendo eso. Sin embargo la Sala V de la Cámara de Casación cambió de planes e hizo lugar a los cuestionamientos por parte de la defensa de los procesados.
Quienes no podrán reemplazar a Garmendia son los jueces Juan Pablo Masi, suspendido por una denuncia de la Corte o Pablo Raele también cuestionado por un fallo que había sobreseído al ex gobernador por enriquecimiento ilícito. Entonces suenan los nombres del juez Federico Atencio u otros dos magistrados nombrados este año.
Es cierto que la jueza Garmendia había cuestionado al fiscal Garganta al señalar que “la causa fue fragmentada para proteger a Scioli”. Es decir que en vez de seguir los lineamientos de la denuncia donde se señalaba al ex gobernador manejando las “cajas negras” del Estado para beneficiarse junto a un grupo de personas tanto en lo personal como en lo político, la causa fue dividida “para diluir la prueba contra Scioli y así evitar exponerlo como “el jefe de una asociación ilícita para cometer un fraude al Estado Provincial”.
Por eso, y de acuerdo a un informe reservado del juzgado de Garmendia, el ex gobernador fue el máximo responsable de una organización para utilizar los bienes del Estado en provecho propio con una administración fraudulenta, tal como pasa en las causas que se investigan en Comodoro Py contra Cristina Fernández de Kirchner.
En la investigación de los cuadernos de la corrupción, en Los Sauces, Hotesur y la Obra Pública, la ex presidenta esta procesada por ser la jefa de distintas asociaciones ilícitas.
En cambio en "las cajas negras de Scioli", el procedimiento fue el inverso: “Se fragmentó el proceso de investigación para diluir los delitos y acusar a Scioli solo en un caso: el del otorgamiento de las Unidades de Pronta Atención Médica (UPA) a favor de su empresario amigo Ricardo Miller quién además le compró a Scioli -en devolución, o retorno, según el expediente- el Multiespacio La Ñata.
Por esto Scioli será llevado a juicio oral: “Por incumplimiento de los deberes de funcionario público” cuya pena tiene un máximo de seis años y un mínimo de dos. Es excarcelable. En este delito también se incluyó al ex ministro de salud Alejandro Collia y a otros ex funcionarios de menor rango.
De acuerdo a diversas fuentes consultadas, eso genera dos situaciones: podrá evitarle a Scioli ser nuevamente juzgado en el futuro en esta misma causa (nadie puede ser juzgados dos veces por lo mismo) y se despega de los otros hechos.
Uno de los aspectos más cuestionados en el informe de la jueza ahora apartada, es el de los famosos vuelos privados pagados por el Estado para llevar a su novia Gisella Berger o a su equipo de fútbol de Villa La Ñata y que fueron mostrados oportunamente tanto en el programa La Cornisa como en 4 Días por A24.
En el informe judicial donde se critica la investigación y en la no acusación por el delito de peculado al ex gobernador dice: “Scioli como Gobernador utilizaba vuelo oficiales con fines proselitistas o personales. En este caso existen pruebas suficientes para establecer que Scioli utilizó aviones oficiales y/o alquilados por el Gobierno (mediante fondos públicos), de modo particular para trasladarse a los actos de campaña del año 2015. Como ejemplo se puede mencionar el viaje de Scioli cuando se encontraba en el noreste de nuestro país (litoral), haciendo un acto de campaña y posteriormente se dirige en vuelo a la República del Paraguay. En este lugar, además de hacer una presencia de tenor político, también tenía un partido con su equipo de futsal La Ñata, motivo por el cual ordenó que su avión buscara a su equipo, que se encontraba en la Argentina, y los trasladó a Paraguay para jugar dicho encuentro y luego del mismo, los devolvió a Buenos Aires (incluso existen registro de esos vuelos). Todo ello, podría hacer sustentable una imputación de Peculado de Servicios (art. 261 último párrafo del Cod. Penal), delito muy grave por su pena en abstracto, y sin embargo tal imputación no existe”.
Otro caso que no incluye a Scioli en esta etapa del proceso es la investigación es la escandalosa compra del Area 60.
Hace algunas semanas el ex gobernador fue denunciando ante la justicia federal por lavado de dinero a través de una de sus sociedades. La denuncia fue presentada por la abogada Silvina Martínez. Es por la utilización de una sociedad anónima de Scioli para “blanquear dinero” por medio del alquiler y la venta del Multiespacio La Posada a su “empresario amigo” Ricardo Estanislao Miller.
Esta operación por lo que el ex gobernador recibió tres millones ochocientos mil dólares en 2017, se hizo a través de Capanone S.A., de la cual Scioli es el socio mayoritario. Miller, a su vez, fue el empresario que recibió la construcción de las Unidades de Pronta Atención Médica.
En la denuncia se señala que Milller, como devolución de este beneficio, le alquiló y compró a Scioli uno de sus espacios en Villa La Ñata. “La modalidad es la misma que utilizaron Néstor y Cristina Fernández con sus empresas hoteleras y venta de inmuebles: Hotesur y Los Sauces. Scioli hizo exactamente lo mismo en connivencia con el empresario Miller”, confirmó Silvina Martinez.
Miller, a quien el fiscal de la Plata, Alvaro Garganta menciona como el “Lázaro de Scioli” pagó primero un alquiler por un establecimiento que no usó pegado a su residencia en Villa La Ñata. Tiempo después se lo compró a un precio por encima del mercado a este predio de tres mil metros cuadrados. Esto fue contado el año pasado en un informe de La Cornisa
El paralelismo con las causas Hotesur y Los Sauces en donde se investigó a Lázaro Báez y Cristóbal López en el pago de las habitaciones no ocupadas del hotel Alto Calafate a cambio del otorgamiento de obra pública y otros negocios (-como los tragamonedas- a cambio del pago del alquiler de dos departamentos propiedad de Cristina Fernández), es el que tuvo en cuenta Martínez para presentar el escrito este lunes en Comodoro Py (para su sorteo en uno de los doce juzgados federales).
Miller fue favorecido con la construcción de 15 de los 19 establecimientos médicos llamados Unidades de Pronta Atención Médica (UPA). “Así como los Kichner en su empresa Los Sauces registraron a un solo empleado llamado Ramón Angel Díaz Díaz; Scioli incluyó a un solo trabajador en su sociedad Capanone. Se llama Nicolás Manuel Varela quien fue asistente personal del ex gobernador durante su gestión”, expresó Martinez.
Capanone empezó a operar con un capital social de 11 centavos (0,106 pesos -según el documento-) cuando la ley exige que sea de al menos 100 mil pesos. En el último directorio inscripto en la Inspección General de Justicia quedó asentado que la presidenta de Capanone S.A. es Lucia Antonieta Di Nunzio, prima del ex gobernador.
De acuerdo a la denuncia, Scioli “hacía un retiro de dividendos anticipados de la sociedad, una maniobra que es ilegal. Lo hacía por medio de la simulación de supuestas deudas del ex gobernador con la empresa o de Capanone con Scioli. Así habría conseguido ocultar su verdadero crecimiento patrimonial que podría derivar en un enriquecimiento ilícito”. Capanone S.A. no posee ninguna actividad, excepto la titularidad sobre bienes e inmuebles del ex gobernador: “Se trata de una cáscara societaria que el ex gobernador habría usado para esconderse y blanquear fondos”, dijo Martínez.
Según la denuncia esta operatoria le permitió a Scioli un crecimiento patrimonial exponencial: en 2007 el ex gobernador declaró tener 400 mil dólares. Sin embargo, siete años después triplicó sus activos que ascendieron a 1.3 millones de dólares. Según los datos del Registro de Propiedad de la provincia de Buenos Aires, Capanone adquirió cinco inmuebles que fueron detallados en el último informe de La Cornisa .
Scioli, también declaró la tenencia de un Ford Mondeo modelo 98 que compró en 2002. Pero en Capanone declaró la posesión de una camioneta Kia Carnival ex 2.2 AT, modelo 2013, valuada en 60 mil dólares.
De acuerdo a los registros oficiales, Capanone también es dueña de Sunshine S.A. cuya actividad principal es el servicio de guardería náutica. En enero de 2017 Scioli y su grupo económico aumentaron su participación accionaria en Sunshine. Se terminaron quedando con el 95 por ciento de las acciones.
El actual diputado las compró a cambio de cinco millones doscientos ochenta mil pesos. “Scioli necesitaba blanquear, digamos veinte millones de pesos (..) entonces se inventaban alquileres por esas sumas, se facturaban, se pagaban impuestos correspondientes y el dinero ya estaba ingresado en el circuito legal. Luego el ex gobernador retiraba el dinero como adelanto de dividendos de la empresa y listo. Circuito cerrado”, dijo Martinez aludiendo a que Capanone funcionaba como el testaferro jurídico de Scioli.
Mientras tanto en la justicia provincia, el fiscal Garganta descubrió una última maniobra que se hizo desde la jefatura de gabinete a cargo de Alberto Pérez que utilizó fondos públicos para imprimir boletas del FPV. La estafa millonaria del Cambio Climático en el gobierno de Scioli:
Pérez y Walter Carbone fueron acusados de “falsedad de instrumento público y administración fraudulenta por haber sustraído 20 millones de pesos para imprimir boletas del Frente para La Victoria”. En el expediente se señala que “estos fondos fueron desviados aparentando la impresión de folletería y merchandinsing relacionado a una campaña de concientización del cambio climático”.
La idea de utilizar una falsa campaña para desviar fondos e imprimir boletas del FPV ocurrió en una oficina de la provincia de Buenos Aires, en plena campaña presidencial del 2015. Los documentos que demuestran que la falsa campaña del Cambio Climático era, en verdad, una maniobra fraudulenta que descubrió el fiscal Alvaro Garganta cuando consultó a las escuelas que deberían haber recibido los folletos educativos.
Por eso fueron allanadas las imprentas Balbi S.A. y Galerys Review y se encontraron con boletas del FPV tal como demuestra este remito. Las órdenes de impresión no señalaban ninguna campaña del Cambio Climático. La supuesta campaña estaba pensada “documentos y libros con información para ser repartido en las escuelas pero comprobamos que los chicos y los colegios nunca lo recibieron” le explicaron a La Cornisa fuentes cercanas a la investigación. Julio César Balbi y Rodrigo Dosetti responsables de las imprentas también fueron imputados junto a Pérez y Carbone.
Esta es una de las once causas del megaexpediente. El caso de la malversación de fondos en esta falsa campaña ecológica se enmarca en la causa denominada “Jefatura de Gabinete” en donde además se investigan el desvío de otros 25 millones de pesos por la realización de “eventos simulados” pagados con “facturas apócrifas”.
Daniel Scioli concurrió a su primera indagatoria a principios de mayo acusado por “negociación incompatible con la función pública” por el presunto desvío de 117 millones de pesos para la construcción de las Unidades de Pronta Atención UPA a favor del empresario Ricardo Estanislao Miller. El “petiso” como se conoce a Miller que también fue citado a declarar en la causa le pagó casi 4 millones de pesos al ex gobernador por el Multiespacio La Posada en Villa La Ñata.
La megacausa “Las cajas negras…” es la 206788/16 y “estuvo demorada en la Cámara de Apelaciones”. Luego volvió al juzgado de La Plata para ser enviado a juicio oral. La elevación a juicio estaba prevista para fines de este año. Según la fiscalía de Scalera se demoró por las imputaciones de los abogados defensores. Los procesos incluyen a Aguas Bonarense BSA; Lotería; Puerto; IOMA; Jefatura de gabinete; Obra Pública; Secretaría general de gobernación.
Scioli está procesado (solo en una) por negociaciones incompatibles con la función pública por la causa de las UPA. El ex gobernador fue inhibido por 180 millones de pesos. Sin embargo con el desplazamiento de Garmendia, todo se demora.
Otro de los expedientes alrededor de Scioli está en La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que ordenó una “licencia obligatoria” por 90 días contra el juez Juan Pablo Masi -titular del Juzgado de Garantías 4- por absolver al ex titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, en una causa por enriquecimiento ilícito contra Luis Alberto Peluso.
Fue por planteo de la fiscal Cecilia Corfield y la jueza Marcela Garmendia, quienes revisaron la actuación de Masi en el marco de la causa presentada en 2009. En ese momento pidieron rever la actuación del fiscal Gustavo Lambruschini por considerar que dejó firme la resolución dictada sin “esbozar mayores argumentos”.
Pidieron imputar a Lambruschini por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se pidió al Procurador Julio Conte Grand que dictamine si corresponde el inicio de un Jury en contra del magistrado. Ahora piden declararla “cosa juzgada ͬrrita" y reabrir la investigación contra Peluso e incluso contra Scioli con varias investigaciones en su contra que parecen diluirse de a poco.
