Tras quedar firme la condena en la causa Vialidad, los fiscales solicitaron su inmediata detención. El juez Jorge Gorini convocó a los condenados, entre ellos la expresidenta y Lázaro Báez, a presentarse en el tribunal dentro de los próximos cinco días hábiles para ejecutar las penas.
Diego Luciani y Sergio Mola
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la "inmediata detención" de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocer el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión y la inhabilitó a ejercer cargos públicos de por vida.
Por su parte, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, Jorge Gorini, se dirigió a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y le pidió que la "Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal o Policía de Seguridad Aeroportuaria- cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas" en la causa, que incluye a la expresidenta y a nueve personas más, entre ellas, el empresario Lázaro Báez.
A la par, el juez emitió otro despacho mediante el cual pidió que se proceda con la la ejecución de las "condenas firmes, tal como lo prevé el art. 375 del Código Procesal Penal Federal (vigente por Resolución nro. 1/2021 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal)".
"Por consiguiente, a esos fines convócase a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Franciso López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich, para que se presenten en la sede de este Tribunal Oral dentro del quinto día hábil de notificados de lo aquí dispuesto, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones, plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".
Ahora el juez debe decidir si se mantiene en la postura de otorgarle a los condenados esos cinco días para presentarse en sede judicial y dictaminar su prisión o dar lugar al pedido de Luciani y Mola.
