Otra resolución es realmente novedosa. Actualmente, las remuneraciones del Congreso están autorreguladas. Es el Poder Legislativo el que fija las dietas, como en la Argentina. Con este nuevo proyecto, se cambia radicalmente esta costumbre: desde su entrada en vigencia, será el Banco Central el que decida los ingresos no solo de los parlamentarios sino del gobierno central y los gobiernos regionales.
Sin embargo, tiene un aspecto polémico. Plantea incluir en el mismo régimen a los empleados parlamentarios. Es decir una rebaja del 50% en los ingresos de los trabajadores, no solo de los cargos políticos llegados por el voto popular.
La rebaja del 50% para las autoridades y representantes debe ser ratificada por ambas cámaras. Que haya sido aprobada por unanimidad parece allanar el camino para que salga una ley que ayude a bajar el conflicto social.