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Evo Morales insiste en considerarse "presidente", mientras la Justicia busca juzgarlo como a un ciudadano común

Evo Morales insiste en considerarse presidente, mientras la Justicia busca juzgarlo como a un ciudadano común

Evo Morales discute desde Buenos Aires no solo políticamente su situación en Bolivia. También lo hace desde el punto de vista legal. Un día después de emitirse en su contra una orden de aprehensión por delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, hizo conocer su respuesta.

“Es ilegal e inconstitucional, no procede. Legalmente yo sigo siendo presidente, por tanto tienen que seguir con los procedimientos”, afirmó Morales para rechazar la acusación.

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Morales explicó via Twitter su situación bajo el texto constitucional boliviano: “Mi renuncia no fue considerada por la Asamblea Legislativa como dispone el Art. 161 Num. 3”.

Ese inciso establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de "admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.”

Como eso nunca sucedió, Evo entiende que su renuncia no fue rechazada. Siguiendo esa línea argumental remarca que "tampoco se cumplieron los procedimientos para una sucesión constitucional, por lo que Áñez se autoproclamó ilegalmente".

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Sin embargo, la lógica de Evo Morales choca con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, el máximo tribunal del país vecino, que tiene la misma composición que en tiempos de Morales como presidente.

En una acordada, los jueces entendieron que "el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse ‘suspendido’, por lo que el siguiente en la línea sucesoria asume ‘ipso facto’ la presidencia". De esa manera, reconocieron la legitimidad de Jeanine Áñez como presidente provisional.

El otro argumento legal contra Morales lo dio el fiscal general, Juan Lanchina. Precisó que la acusación por instigar a la violencia y promover bloqueos a las ciudades fue posterior a la renuncia presentada el 10 de noviembre.

Por lo cual, a Evo Morales la Justicia de Bolivia pretende juzgarlo como a cualquier otro ciudadano.

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