Además, hay otros 16 imputados acusados de llevar adelante un "plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua".
Daniel Ortega, en el foco de la Justicia argentina.
El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, junto a otros 16 imputados, para ser indagados en Argentina por graves violaciones de derechos humanos en base al principio de justicia universal.
La resolución de 76 carillas fue firmada este lunes y detalla las acusaciones contra Ortega, Murillo y los demás imputados, quienes están acusados de llevar adelante un "plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua". El objetivo de este plan, según el juez, era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de sectores políticos disidentes mediante el uso de la estructura del aparato estatal.
El expediente, abierto en agosto tras una denuncia presentada por los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, documenta una serie de crímenes como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, traslado y deportación forzada de personas, censura mediática, privación de atención médica, cancelación de matrículas profesionales, persecuciones por motivos políticos y religiosos, y la supresión de la nacionalidad.
En la resolución, Lijo indicó que este "plan generalizado y sistemático" comenzó entre abril y junio de 2018, durante la represión de diversas protestas sociales en Nicaragua. Además, el juez destacó que las solicitudes de cooperación internacional enviadas por su tribunal no recibieron respuesta por parte del gobierno nicaragüense.
El fallo también señala que las violaciones documentadas incluyeron persecuciones contra comunidades aborígenes, detenciones de periodistas y actos de censura. “El plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado”, subrayó el magistrado.
El principio de justicia universal permite a los tribunales nacionales investigar y juzgar delitos graves, como crímenes de lesa humanidad, independientemente de dónde hayan sido cometidos o la nacionalidad de las víctimas y perpetradores. Con esta medida, el juez Lijo busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
