Podrían citar a declarar a César Juricich y a los herederos de Carlos Di Doménico.
Avanza una investigación clave en Uruguay. El marco de la operación “Maléfica 4”, el Ministerio Público allanó la finca recordada como la “Mansión Blanca”, atelier de los reconocidos diseñadores Carlos Di Doménico y Cesar Juricich, ubicada en el padrón 811 de Punta del Este. Tras este operativo, podrían citar a declarar tanto a Juricich y como a los herederos de su difunta pareja.
Cabe recordar que, esta investigación que lleva adelante la fiscal de Rosario Sandra Fleitas, culminó con la condena de 15 personas por diversos delitos, entre ellos comercializar, suministrar, negociar y fabricar drogas.
Específicamente, se realizaron 25 allanamientos en varios departamentos del país, entre ellas el citado domicilio en donde vivía uno de los principales cabecillas de la organización.
En el operativo se incautaron varios tipos de drogas, como hachís, LSD, marihuana, psicoactivos y BHO (concentrado de aceite de hachís de butano). Además, se encontraron dos armas, tanques de gas butano (utilizado para obtener el BHO), municiones, 6.000 dólares y unos 300.000 pesos uruguayos, y tres autos.
Por otra parte, la propiedad, ubicada a solo 100 metros de la playa mansa, continúa en un limbo legal, ya que todavía no hay definición por parte de la DGI de Uruguay, sobre cuál será el futuro de la Mansión Blanca, antiguo hogar del fallecido modisto argentino Carlos Di Doménico y César Juricich.
En el año 2006, se presentó una denuncia judicial contra los diseñadores, porque la Dirección General Impositiva (DGI) habría constatado algunas inconsistencias en los manejos administrativos y financieros que no coincidían con los respaldos contables, para el ingreso de mercaderías y ventas en el Uruguay.
Una nueva luz roja se encendió en 2007, alertando al ente controlador de una “maniobra simulatoria y pauliana”. La misma consistía en la venta de la propiedad en un valor irrisorio de 110.000 dólares, según actuación del escribano Nelson Eduardo Suárez Pérez.
A lo que se sumó el agravante de que esta operación se realizó hacia la sociedad anónima Vía Florentina S.A., perteneciente a la pareja Di Doménico-Juricich. Finalmente, la maniobra fue desestimada por el juzgado de Maldonado, que anuló la operación años más tarde, retornando la propiedad al patrimonio de la pareja.
Luego, durante el 2013, fue arrendada a un señor de iniciales M.C, según consta en la entrada 7362 de la Dirección General de Registros. Nuevamente, quien llevó adelante el contrato fue el notario Nelson Suárez Pérez, que había “simulado” la venta.
A partir de ese momento, la propiedad registra los embargos específicos, que son de rigor, por parte de la DGI del año 2016, y nuevamente inscripto en 2021. El embargo general que hoy pesa sobre Cesar Juricich, expareja de Di Doménico, ascendía hasta febrero 2021 a la suma de 101.490.883 pesos uruguayos (2.500.000 dólares a la fecha de reinscripción), más las multas e intereses.
Por otra parte, el propio Di Doménico había manifestado en sus últimos años, su tristeza al no poder volver a su casa, ya que estaba alquilada a una tal “señora P”, quien en posesión de la casa realizó el subarriendo a un grupo de jóvenes emprendedores con actividad vinculada al negocio del cannabis.
Los contratos de la “señora P” con los nuevos ocupantes no figuran en el registro. Por lo tanto, para la Dirección General Impositiva, quien tiene la obligación recaudatoria del impuesto IRPF a los alquileres en Uruguay, no ha informado si está percibiendo el dinero producto de los gravámenes que se deberían pagar como cualquier operación de este tipo.
Más dudas surgen cuando en una solicitud realizada por la producción periodística según la ley 18.381 de acceso a la información, la DGI resuelve: “Deniégase el acceso a la información pública, por estar alcanzada por el secreto tributario en base las disposiciones del artículo 47 del Código Tributario”.
Sobre esta resolución denegatoria y sin especificar cuál será la suerte de la mansión de Di Doménico, “la cuestión de fondo” es que se realizó una nueva solicitud a la DGI para que informe cuál es la situación real del bien y cuáles serán los próximos pasos.
Según surge de la información registral, la propiedad sigue estando a nombre de los propietarios Cesar Juricich y Carlos Di Doménico, ya que hubo una acción de venta anulada, y además pesa un embargo general y específico solicitado por Impositiva.
Hoy en día a “Mansión Blanca” se encuentra en una situación incierta, pero desde el punto de vista jurídico el estado uruguayo podría avanzar en la resolución de fondo.
De venderse podría significar un importante ingreso para las arcas del Estado. Según las tasaciones de expertos inmobiliarios, rondaría el medio millón de dólares. Además, terminaría con las pretensiones de algunos oportunistas que se consideran “nuevos dueños”, y que, hoy, reciben ganancias de un bien que debería estar en el inventario estatal y no en el limbo.
Esta situación fue advertida por la fiscal Fleitas, que podría citar a declarar a los reales propietarios de la mansión, en el marco de la mega causa “Maléfica 4”: el diseñador César Juricich, los herederos de Carlos Di Doménico, la misteriosa “señora P”, los representantes de la DGI, y el escribano interviniente en el último arrendamiento.
Con base en lo detallado en el expediente, podría declararse nulo, ya que para la actividad de clubes cannábicos -regidas por la nueva ley 19.172- se entiende como una violación a lo estrictamente establecido en su reglamentación.
