Como viene sucediendo en forma periódica desde, por lo menos, el año 2015, un nuevo episodio interno de crisis política se desató en Venezuela rodeado por especulaciones sobre el rol que cumplirán las potencias extranjeras en su resolución.
Como viene sucediendo en forma periódica desde, por lo menos, el año 2015, un nuevo episodio interno de crisis política se desató en Venezuela rodeado por especulaciones sobre el rol que cumplirán las potencias extranjeras en su resolución.
La “cláusula democrática” de la OEA, la suspensión de Venezuela como integrante del Mercosur y, ahora, el quite de reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente, consagrando en cambio a Juan Guaidó, constituyen, cada uno, ensayos para intentar imponer, desde el exterior, una solución al laberinto venezolano.
La proclamación de Juan Guaidó como “Presidente Encargado” por la Asamblea Nacional -el equivalente venezolano al Congreso Argentino- poco después de la re-asunción de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial, da cuenta de una sociedad polarizada en la que oficialistas y opositores se desconocen mutuamente como actores legítimos de un sistema democrático, que se ha repetido en forma constante desde el fallido Golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, y la marcada radicalización del proceso bolivariano a partir del referéndum constituyente de 2006, agravada por el fallecimiento de su fundador y una crisis económica que, aún con factores externos gravitantes resulta, en su mayor medida, responsabilidad del gobierno.
La Asamblea Nacional, el órgano que nombró a Guaidó como presidente, cuenta con indudable legitimación democrática y, desde la victoria opositora, el Poder Judicial controlado por el chavismo impidió la asunción de tres diputados que daban a la oposición la mayoría para hacer cambios constitucionales, imputando sospechas de fraude difícilmente sostenibles.
Disconforme con esta decisión, declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privándola incluso de sus funciones legislativas normales. En esta situación, se multiplicaron protestas callejeras opositoras muy violentas que fueron reprimidas por fuerzas policiales y parapoliciales oficialistas.
Acorralado por la crisis política, social y económica, Maduro convocó, con legalidad muy dudosa, una Asamblea Constituyente “originaria” que sería encargada de refundar el Estado.
Esta Asamblea tenía una particularidad, pues elegía la mitad de los cargos por sufragio universal y otorgaba la otra mitad de manera corporativa (pueblos originarios, sindicatos, campesinos, etc.) atropellando el principio de “un hombre, un voto” que rige las democracias occidentales.
En estas condiciones, la Asamblea fue desconocida y la elección boicoteada por los partidos opositores.
El simple relato parecería dar la razón a las fuerzas opositoras y a quienes desde afuera dicen que Venezuela es una dictadura e impulsan la necesidad de “reestablecer la democracia”. Sin embargo, pensar una respuesta regional requiere también tomar en cuenta la representatividad que el chavismo mantiene en amplios sectores de la población.
Desde aquella convocatoria a la Asamblea Constituyente el chavismo se impuso con claridad en elecciones regionales con participación de toda la oposición, arrebatándole incluso el control de algunos bastiones como la gobernación de Lara o la de Miranda, controlada durante años por Henrique Capriles.
Fue tras esta victoria que el oficialismo convocó elecciones presidenciales, y el boicot de parte de la oposición fue más una señal de debilidad tras el fracaso en las elecciones a gobernador que una impugnación sincera a las garantías electorales.
AsÍ llegamos a la situación actual, con un régimen que cada vez que se vio amenazado desconoció los resortes institucionales en manos opositoras y recurrió a proscripciones y hasta a prisiones políticas para asegurar su continuidad pero que, sin embargo, mantiene un apoyo firme de, al menos cinco millones de votos, y un importante nivel de movilización.
En este contexto, la prioridad de los países de la región debería ser impulsar medidas destinadas a dar garantías a la oposición para encontrar una salida institucional aceptable para todas las partes, que permita poner el foco en una crisis social y económica que ya se convirtió en crisis migratoria y humanitaria.
El desconocimiento, sin más, de Nicolás Maduro no parece contribuir a ese objetivo, al dejar a un gobierno que aún mantiene el apoyo de una porción significativa de la población y, quizás más importante, del núcleo de las Fuerzas Armadas, aislado y con un discurso de victimización.
Los antecedentes de este tipo de aproximación, en Irán y en Cuba, deberían enseñar a una actitud prudente y constructiva en las relaciones internacionales que, quizás menos compatibles con las narrativas heroicas, permitan mejores resultados para la vida cotidiana de venezolanos y venezolanas.
*Martín Schapiro, abogado y analista internacional
