Un cambio que genera polémica: la ley que decidirá sobre las redes sociales de las personas cuando mueran

La discusión coloca en el centro un aspecto que las legislaciones tradicionales no siempre contemplan: la existencia de una identidad digital que puede permanecer activa incluso después de la muerte física de una persona.

Qué es la herencia digital y por qué comenzó a cobrar importancia

El crecimiento de las redes sociales modificó profundamente la manera en que las personas almacenan recuerdos y comparten información.

Según datos publicados por Statista, durante 2025 alrededor de 5.400 millones de personas utilizaban redes sociales en todo el mundo, con un promedio de aproximadamente 141 minutos diarios de utilización.

El dato permite dimensionar el lugar que ocupan estas plataformas en la vida cotidiana. Para millones de usuarios, una parte importante de su historia personal ya no se encuentra exclusivamente en álbumes de fotografías, cartas o documentos físicos. Está en servidores, teléfonos celulares, computadoras y cuentas digitales.

Esa transformación dio lugar al concepto de herencia digital, que comprende el conjunto de bienes, datos, contenidos y activos que una persona deja en el entorno digital después de su fallecimiento.

No se trata solamente de fotografías.

Dentro de una cuenta pueden existir mensajes privados, videos, archivos, correos electrónicos, contactos, publicaciones, documentos, información personal e incluso contenido que tenga valor económico.

Por eso, determinar quién puede acceder a esos datos, quién puede administrarlos o si deben eliminarse se transformó en un desafío para las familias y también para los sistemas jurídicos.

La iniciativa presentada en Ciudad de México busca precisamente establecer un mecanismo para que esa decisión no quede exclusivamente en manos de las plataformas digitales.

El proyecto que llegó al Congreso de Ciudad de México

El planteo presentado por Pedro Haces Lago propone modificar el Artículo 1392 Bis del Código Civil de la Ciudad de México, además de introducir cambios en los artículos 6 y 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital.

El propósito central es permitir que las personas puedan determinar anticipadamente qué destino tendrá su información digital después de su fallecimiento.

La idea parte de una situación cada vez más frecuente: una persona muere, pero sus cuentas permanecen abiertas y continúan existiendo en internet.

En algunos casos, los familiares pueden encontrarse con dificultades para acceder a esas cuentas. En otros, las plataformas cuentan con mecanismos propios para informar el fallecimiento, convertir determinados perfiles en cuentas conmemorativas o establecer procedimientos específicos para administrar la información.

La propuesta busca que la decisión pueda ser tomada previamente por el propio titular.

Durante su exposición, Haces Lago planteó qué ocurriría con las fotografías, mensajes, correos electrónicos y otros contenidos almacenados en internet si una persona fallece.

El legislador sostuvo que la muerte física no implica necesariamente la desaparición de la identidad digital. Los contenidos pueden permanecer disponibles durante años, incluso décadas, salvo que exista una decisión concreta sobre su eliminación o administración.

De esta manera, el proyecto pretende trasladar parte de ese poder de decisión desde las compañías tecnológicas hacia los propios usuarios.

La propuesta para decidir en vida qué ocurrirá con las cuentas

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa consiste en que la persona pueda dejar establecida su voluntad mientras está viva.

La reforma permitiría definir anticipadamente qué debería ocurrir con las redes sociales y otros contenidos digitales almacenados en diferentes dispositivos.

Esto abriría la posibilidad de establecer distintas instrucciones.

Por ejemplo, una persona podría decidir que sus cuentas sean eliminadas después de su fallecimiento. También podría establecer que determinadas plataformas permanezcan activas o que otra persona pueda asumir determinadas funciones de administración.

El objetivo sería evitar que, ante la ausencia de instrucciones, los familiares tengan que atravesar procesos complejos para determinar qué puede hacerse con los contenidos digitales.

La propuesta también contempla que el mecanismo pueda utilizarse sin necesidad de recurrir exclusivamente a un testamento tradicional.

Ese punto resulta relevante porque la iniciativa plantea la creación de una herramienta específicamente vinculada con la identidad digital.

Llave CDMX, el mecanismo pensado para dejar las instrucciones

Una de las principales novedades del proyecto es la utilización de Llave CDMX para registrar la voluntad de los ciudadanos.

Llave CDMX es el sistema de identidad digital utilizado para facilitar diferentes trámites y servicios de la Ciudad de México. La iniciativa plantea aprovechar esa infraestructura para que los usuarios puedan establecer qué quieren que ocurra con sus cuentas digitales después de su muerte.

El mecanismo permitiría, de acuerdo con la propuesta, designar a una persona para administrar determinados contenidos o establecer instrucciones sobre el destino de la información.

De esta manera, el ciudadano podría dejar asentada su voluntad con anticipación y evitar que esa decisión quede completamente sujeta a las políticas internas de cada plataforma.

La propuesta contempla además que el trámite sea gratuito y voluntario.

Otro de los puntos incluidos es el carácter irrevocable de la decisión en los términos planteados por la iniciativa, junto con la posibilidad de especificar instrucciones sobre la administración de los perfiles y contenidos.

El proyecto también habla de la creación de “direcciones digitales”, que permitirían instrumentar las instrucciones establecidas por el titular de la información.

Qué papel tendría la Agencia Digital de Innovación Pública

La iniciativa no solamente propone crear un registro, sino que también establece qué organismo tendría responsabilidades dentro del sistema.

Según el planteo presentado por Haces Lago, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) tendría a su cargo la administración del registro correspondiente.

Para determinar cuándo deben ejecutarse las instrucciones, el sistema tendría que estar vinculado con la información oficial sobre los fallecimientos.

Por ese motivo, el proyecto contempla una coordinación con el Registro Civil.

La lógica sería relativamente directa: mientras la persona está viva puede establecer sus instrucciones; posteriormente, una vez que se verifica oficialmente su fallecimiento, se activaría el procedimiento correspondiente.

De aprobarse la reforma en los términos propuestos, el sistema buscaría funcionar como un puente entre la voluntad expresada por el ciudadano, la identidad digital y el reconocimiento oficial del fallecimiento.

El debate sobre el poder de las grandes plataformas

Detrás de la propuesta también aparece una discusión más amplia sobre el papel que tienen las empresas tecnológicas en la administración de la información personal.

Plataformas como Meta, Google y Apple almacenan enormes cantidades de datos de sus usuarios. Cada compañía tiene sus propias políticas y procedimientos relacionados con las cuentas pertenecientes a personas fallecidas.

El diputado Haces Lago cuestionó que el destino de determinados recuerdos digitales pueda quedar condicionado por las reglas establecidas por empresas privadas.

La iniciativa parte de una premisa: la persona debería poder expresar de antemano qué quiere que suceda con su información.

Esto introduce una discusión jurídica que excede a las redes sociales. También alcanza a la privacidad, la propiedad de determinados contenidos, los derechos de los familiares y el tratamiento de los datos personales después del fallecimiento.

Una fotografía familiar publicada en Instagram, por ejemplo, puede tener un significado completamente diferente para el titular de la cuenta y para sus familiares. Lo mismo puede ocurrir con conversaciones privadas, videos o documentos almacenados en la nube.

Por eso, el debate sobre la herencia digital combina cuestiones tecnológicas con aspectos relacionados con la privacidad y la voluntad personal.

Qué podría cambiar para los usuarios

Si el proyecto avanza y finalmente se convierte en una modificación de la legislación vigente, los habitantes de Ciudad de México podrían contar con una herramienta específica para dejar instrucciones respecto de su patrimonio y presencia digital.

La principal diferencia sería que la decisión podría adoptarse antes del fallecimiento, cuando el titular todavía tiene control sobre sus cuentas.

El usuario podría determinar, según los mecanismos que finalmente establezca la normativa, si desea que determinada información sea eliminada, conservada o administrada por otra persona.

También permitiría pensar la identidad digital como un elemento que necesita planificación, del mismo modo que ocurre con otros aspectos de la vida patrimonial y personal.

La expansión de las redes sociales hizo que una persona pueda acumular durante décadas una enorme cantidad de información sin necesidad de conservar físicamente ningún documento.

El problema aparece cuando esa persona ya no está disponible para decidir.

El proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo

La presentación de Haces Lago no implica que la reforma ya esté vigente.

Después de la propuesta, el Congreso de Ciudad de México deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

El proyecto será enviado a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y a la comisión vinculada con Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, donde será analizado y se definirá el dictamen correspondiente.

Ese proceso será determinante para conocer si la propuesta mantiene su redacción original, si incorpora modificaciones o si finalmente no obtiene aprobación.

Por lo tanto, la posibilidad de designar un heredero digital mediante Llave CDMX todavía depende del avance legislativo de la iniciativa.

Una nueva discusión sobre la vida después de internet

La propuesta mexicana pone sobre la mesa una cuestión que probablemente seguirá creciendo con el avance de la tecnología: la vida digital puede continuar después de la muerte física.

Durante décadas, los recuerdos familiares estuvieron principalmente en fotografías impresas, cartas, documentos y objetos personales. Hoy buena parte de esa memoria se encuentra en plataformas digitales.

Una persona puede tener miles de fotografías en su teléfono, publicaciones de años en Facebook, videos en YouTube, mensajes en diferentes aplicaciones y archivos almacenados en servicios de nube.

Todo ese material puede sobrevivir a su propietario.

La discusión que ahora comienza en Ciudad de México busca responder quién debería tener capacidad para decidir sobre ese contenido y, fundamentalmente, cuánto debería pesar la voluntad expresada por el usuario antes de morir.

El proyecto presentado por Pedro Haces Lago pretende establecer una herramienta para anticipar esa decisión y vincularla con la identidad digital oficial de cada ciudadano.

Mientras el Congreso analiza la propuesta, la cuestión deja de ser exclusivamente tecnológica y pasa a formar parte de un debate jurídico más amplio: qué derechos conserva una persona sobre su identidad digital después de su muerte y quién puede ejercerlos en su nombre.

En un mundo donde millones de personas pasan una parte considerable de cada día conectadas a internet, la pregunta ya no parece lejana. La huella digital puede permanecer durante mucho tiempo después de que una persona haya dejado de utilizarla.

La iniciativa mexicana busca, precisamente, que esa permanencia no quede librada únicamente a las decisiones de las plataformas, sino que pueda existir una voluntad previamente registrada sobre el destino de las cuentas y los recuerdos digitales.