El magistrado consideró necesario garantizar que el expresidente permanezca a disposición de la Justicia y no abandone el territorio paraguayo durante el desarrollo del proceso. Otro de los elementos evaluados fue la posibilidad de que Peña pudiera interferir en la obtención de pruebas o en el avance de las pesquisas.
Tras ser destituido y detenido, Santiago Peña declara ante la Fiscalía General del Estado en la causa por la quiebra del Ueno Bank. (Foto: Fiscalía de Paraguay)
En particular, Otazú hizo referencia a información sensible que el exmandatario pudo haber conocido durante su gestión, tanto sobre las operaciones financieras investigadas como sobre cuestiones relacionadas con el crimen organizado. Por ese motivo, dispuso que la prisión preventiva se cumpla en el Regimiento Escolta Presidencial, una dependencia militar donde permanecerá alojado mientras continúa el expediente.
Escándalo de Ueno Bank: la Fiscalía investiga más de US$815 millones
Uno de los aspectos centrales de la causa es la magnitud de los fondos involucrados. De acuerdo con los cálculos preliminares del Ministerio Público, los recursos públicos y previsionales colocados en Ueno Bank superaban los US$815 millones, una cifra que constituye uno de los principales ejes de la investigación.
Los fiscales determinaron que, hasta septiembre de 2026, los montos vinculados con estas operaciones alcanzaban:
- 3,6 billones de guaraníes en recursos expresados en moneda paraguaya.
- US$233,4 millones en fondos denominados en dólares.
- US$815,4 millones como valor total aproximado, utilizando un tipo de cambio de 6.200 guaraníes por dólar.
La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien figura entre los imputados. Los investigadores buscan establecer si las decisiones relacionadas con la colocación de estos recursos provocaron un perjuicio patrimonial y si existieron beneficios económicos indebidos para funcionarios o personas vinculadas con el conglomerado empresarial.
Es importante distinguir que los US$815,4 millones representan el volumen de fondos identificado en las operaciones investigadas, y no necesariamente una pérdida económica efectivamente comprobada por ese mismo importe.
Los vínculos financieros de Santiago Peña con Ueno Bank
La Fiscalía también puso bajo la lupa la relación económica que Santiago Peña habría mantenido con las empresas del grupo Ueno durante su mandato presidencial. Según la imputación, el exmandatario conservó participaciones accionarias e inversiones financieras en compañías del conglomerado durante casi los primeros dos años de su Presidencia.
Los antecedentes de esa relación comercial se remontan a marzo de 2019, cuando Peña adquirió aproximadamente 1.500 acciones preferidas de Credicentro, una sociedad que posteriormente se transformó en Ueno Holding. La operación representó una inversión inicial de 1.500 millones de guaraníes.
Al asumir la Presidencia de Paraguay, en agosto de 2023, su declaración jurada incluía activos financieros vinculados con el grupo por un valor total de 8.894 millones de guaraníes.
Entre esas inversiones figuraban 6.144 acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones de guaraníes y un bono de la compañía tecnológica itti por otros 350 millones.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las acciones representaban aproximadamente el 1,58% del capital social de Ueno Holding y continuaron formando parte del patrimonio del expresidente mientras ejercía funciones al frente del Poder Ejecutivo.
El crecimiento patrimonial de Santiago Peña que analiza la Justicia
Otro de los puntos incorporados a la investigación es la evolución del patrimonio declarado por el exmandatario. Según los documentos citados por la Fiscalía, Peña declaró en 2023 un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, lo que representaba un incremento del 1.603% respecto de su declaración de 2017, cuando dejó el Ministerio de Hacienda.
Ese crecimiento patrimonial aparece entre los elementos examinados por los investigadores, junto con sus inversiones en empresas relacionadas con Ueno Bank y las decisiones administrativas vinculadas con los fondos públicos. La causa busca determinar si existieron conflictos de intereses, beneficios particulares o conductas que pudieran configurar los delitos atribuidos a los imputados.
La prisión preventiva no implica una condena ni establece la culpabilidad de Santiago Peña. El proceso deberá determinar si las acusaciones cuentan con pruebas suficientes para avanzar hacia una eventual instancia de juicio.