El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamente británico advirtió que el Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda que habilita al Gobierno de Rishi Sunak a deportar inmigrantes ilegales, es incompatible con las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos.
Esta evaluación crítica precede a la controversia que rodea al proyecto, diseñado para permitir la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la política previa del Gobierno.
El comité señaló en un documento al que accedió Télam que el proyecto de ley propuesto no solo erosionaría la protección de los derechos humanos sino que también contravendría los derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La iniciativa del Gobierno de considerar a Ruanda como un país "seguro" fue objeto de escrutinio, especialmente porque implica limitar el acceso a los tribunales para apelar decisiones y cuestiona la capacidad de los ministros para implementar medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La presidenta del Comité Conjunto de Derechos Humanos, Joanna Cherry QC MP, se hizo eco de estas preocupaciones, argumentando que el proyecto de ley representa una hostilidad hacia los derechos humanos y socava las protecciones fundamentales.
Este proyecto de ley está diseñado para eliminar salvaguardias vitales contra la persecución y los abusos de los derechos humanos, incluido el derecho fundamental a acceder a un tribunal. La hostilidad hacia los derechos humanos está en su centro y ninguna enmienda puede salvarla", explicó.
"No se trata sólo de los aciertos y errores de la propia política de Ruanda. Al adoptar este enfoque, el proyecto de ley corre el riesgo de dañar incalculablemente la reputación del Reino Unido como defensor de los derechos humanos a nivel internacional", advirtió.
Cherry enfatizó que "los derechos humanos no son barreras incómodas que deben superarse para alcanzar objetivos políticos, son protecciones fundamentales".
Este proyecto de ley surge en un contexto de creciente preocupación por el número de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha, con cifras récord reportadas en 2022 y un flujo constante en 2023.
A través de esta legislación, el Gobierno británico busca establecer medidas más estrictas para controlar la inmigración ilegal, aunque estas han sido criticadas por su potencial impacto en los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados.
La discusión en torno al proyecto resalta la compleja interacción entre las políticas de inmigración y asilo y el respeto por los derechos humanos. Mientras el Gobierno intenta abordar las preocupaciones sobre la inmigración ilegal, las críticas subrayan la importancia de proteger los derechos fundamentales de aquellos que buscan asilo, instando a reconsiderar las políticas que podrían comprometer estos principios.
