El tribunal ordenó comparar la escritura del chofer Oscar Centeno con los manuscritos originales. Los pedidos de la expresidenta, las denuncias de “aprietes” a los arrepentidos y un reto a la fiscal.
La expresidenta Cristina Kirchner, al borde de otro juicio (Foto: archivo).
El Tribunal Oral que tiene a su cargo la causa Cuadernos designó a los peritos caligráficos que tendrán a su cargo el análisis de los originales manuscritos presuntamente por el chofer Oscar Centeno, quien –además- deberá confeccionar un “cuerpo de escritura” para determinar si efectivamente fue él quien redactó la totalidad de lo allí consignado.
Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 7 ordenaron también que se comunique la novedad a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Gendarmería Nacional, “a los efectos de ponerlos en conocimiento de la pericia ordenada (…) como así también de los peritos de parte designados por las defensas que intervendrán en el acto”.
En agosto pasado, el tribunal había dispuesto la realización de la experticia, pero no fue sino hasta ahora que se cumplimentaron todos los pasos previos para que finamente se lleve a cabo la que se insinúa como la medida de prueba más importante de todo el proceso.
La resolución firmada en las últimas horas por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ordena además que “se deberá confeccionar en forma urgente un cuerpo de escritura del encausado Oscar Bernardo Centeno, bajo las directivas de los peritos oficiales que sean designados”.
Centeno, quien se encuentra bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Seguridad, “manifestó que no se opone… a ‘confeccionar un cuerpo de escritura en los términos requeridos’ del proveído parcial de prueba”.
En cuanto a los originales de los cuadernos, el tribunal aceptó que intervengan los peritos de parte Federico Rindlisbacher, por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner; Facundo Signo y María Virginia Buero Pérez, por Centeno; Guillermo y Gastón Latour, por los imputados Armando Loson, Jorge Neira y Gerardo Ferreyra; Horacio López Peña, por Carlos Mundin, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Valenti y Carlos Wagner; Héctor Segato, también por la defensa de Wagner; y José María Buitrago, por Juan Carlos y César De Goycoechea, Mario Maxit, Hugo Dragonetti y Benjamín Romero.
El punto central del peritaje busca determinar “si la totalidad de los textos manuscritos que los conforman pertenecen a un mismo puño escritural” y, en especial, “si pertenecen al puño y letra de Oscar Bernardo Centeno y/o de terceras personas”.
El tribunal ordenó esclarecer “si se han utilizado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, debiendo informar, en caso de ser posible, la calidad, cantidad y características de sus componentes; si se aprecian sobrescritos, testados, enmascaramiento con líquido corrector de color blanco, lavados o borrados abrasivos o químicos, o cualquier tipo de alteración y/o modificación en las escrituras, y en su caso, si es posible, reconstruir las anotaciones previas”.
Un peritaje privado y otro oficial demostraron en otra causa judicial que los cuadernos fueron adulterados unas 2.500 veces solo en relación con la imputación en contra del empresario Armando Loson, del Grupo Albanesi.
El tribunal también quiere determinar “si es posible establecer las fechas en las que las distintas grafías fueron estampadas (su antigüedad), si han sido efectuadas en un mismo o en distintos tiempos escriturales, así como si guardan correspondencia o no con las fechas consignadas”.
Los jueces aceptaron una serie de pedidos de la expresidenta Cristina Kirchner y reclamaron a la Jefatura de Gabinete que “remita en formato digital la totalidad de los expedientes administrativos – con todos sus antecedentes y trámites desde su inicio hasta su conclusión- que se vinculan con las obras/licitaciones” ejecutadas durante sus dos gobiernos.
Se trata de las obras “Trabajos de conservación, restauración, remodelación, puesta en valor y reciclaje del denominado Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner”, “Nuevo edificio Hospital en el Calafate”, “Etapa 2 Gasoductos de Aproximación Chaco”, “Construcción de una Central Termoeléctrica a Carbón a instalarse en la localidad de Rio Turbio, Gasoducto Juana Azurduy, además de la “totalidad de los antecedentes y expedientes administrativos donde hayan tramitado las subastas realizadas a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias –A.D.I.F.- para disponer de terrenos” fiscales.
El Tribunal rechazó también un planteo de la defensa del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner sobre una supuesta coacción bajo la cual fue obtenida su declaración como arrepentido.
“Las discrepancias expuestas por la defensa con el accionar del juez o fiscal de la instrucción y las condiciones en que se llevó a cabo la declaración y/o detención de Wagner, deben ser canalizadas por las vías y herramientas procesales pertinentes, pero no a través de la petición de medidas de carácter investigativo dirigidas a personal del Servicio Penitenciario Federal -por vía de instrucción suplementaria, propias del ciclo instructor y no de esta etapa de juicio ante un Tribunal oral”.
Wagner pretendía que los guardiacárceles que lo tuvieron bajo su control el tiempo que permaneció detenido atestiguaran sobre las condiciones en que se encontraba cuando declaró como imputado colaborador.
“La parte pretende poner en cabeza de terceras personas –totalmente ajenas al proceso- el análisis o valoración subjetivo de las ‘…condiciones…’ en las que prestó declaración el Sr. Wagner, siendo el debate el acto apropiado para apreciar la verosimilitud y utilidad del acuerdo celebrado”, sostuvieron los jueces.
El Tribunal también rechazó un planteo de la fiscal de juicio, Fabiana León, para sumar como prueba “la totalidad de los expedientes licitatorios de todo tipo de obra - conteniendo sus antecedentes en original y copia- en un lapso de 12 años”.
La fiscalía –dijeron los jueces- “ha acudido a argumentaciones genéricas para fundamentar su pedido, pues no ha explicado por qué este Tribunal debería solicitar la totalidad de los expedientes licitatorios, siendo que gran parte de ellos ni siquiera han sido valorados como prueba de cargo en la plataforma fáctica descripta en los requerimientos de elevación a juicio”, replicaron.
“En definitiva, los fundamentos vertidos por la parte no permiten justificar en esta instancia la producción de las medidas probatorias allí solicitadas – de gran amplitud e indeterminación-, por lo que no haremos lugar a lo solicitado”, resumieron.
