El cerco judicial se sigue estrechando sobre dos de los principales acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.
El cerco judicial se sigue estrechando sobre dos de los principales acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes decidió rechazar el recurso de Casación que había sido presentado por la defensa del ex capitán de navío Carlos Guido Pérez, de 63 años, y de su esposa, María Victoria Caillava, de 53, exfuncionaria de la Municipalidad de 9 de Julio.
La pareja, hoy detenida de manera preventiva, formó parte del almuerzo familiar que tuvo lugar el mismo día en que Loan desapareció, un evento que ahora aparece como un punto central en la causa que investiga un posible secuestro con fines de trata de personas.
Con este fallo, los defensores del matrimonio ven frustrada una de las últimas posibilidades de revertir los procesamientos. Solo les queda recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una instancia que suele tener plazos prolongados y escasa admisibilidad.
El encargado de representar legalmente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava es el abogado Ernesto González, quien había presentado un recurso de Casación como estrategia para modificar el rumbo de una investigación que avanza de manera contundente. González intentaba revertir la decisión tomada por los jueces Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo, quienes días atrás habían ratificado los procesamientos y las prisiones preventivas de los siete imputados en el caso Loan.
En su presentación, el abogado sostuvo que el tribunal violó el Código de Procedimientos Penal al momento de analizar la imputación contra sus defendidos. Según su criterio, los magistrados realizaron un enfoque erróneo de los delitos que se les atribuyen, y con esa interpretación, transformaron el acto procesal en una sentencia definitiva, lo cual, a su juicio, provoca un gravamen irreparable para la pareja.
González cuestionó lo que considera una “afectación irreparable de los derechos constitucionales” de Pérez y Caillava, argumentando que la resolución judicial les impide un debido proceso y que, por ende, correspondía habilitar la vía del recurso extraordinario.
Sin embargo, el pedido no prosperó. El fiscal general Carlos Schafer se opuso a la admisión del recurso, alegando que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable a una. Tampoco —según su dictamen— se evidenciaba la existencia de un agravio federal concreto, uno de los requisitos fundamentales para que la Corte tome intervención en esta etapa.
Schafer fue claro en su argumentación: indicó que el proceso penal ha respetado el principio del “doble conforme”, es decir, la posibilidad de que una persona acusada tenga acceso a dos instancias judiciales para revisar su situación procesal. Esta garantía mínima, dijo, fue consagrada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el caso de Pérez y Caillava, se está cumpliendo plenamente.
Los jueces de la Cámara, por su parte, avalaron la postura del fiscal y consideraron inadmisible el planteo. En la resolución, indicaron que la defensa “no cuestionó la legitimidad ni la fundamentación de la prisión preventiva”, y remarcaron que, si bien algunos elementos del expediente podrían habilitar una revisión parcial, no se daba en este caso la condición de “sentencia definitiva o equiparable” que exige la ley para tramitar una Casación.
Con esta resolución, se confirma que Carlos Pérez y María Victoria Caillava seguirán detenidos preventivamente, en el marco de una investigación que avanza hacia su etapa de juicio oral. La confirmación del procesamiento y de la prisión preventiva significa que la Cámara considera que hay pruebas suficientes para sostener la sospecha sobre su participación en la desaparición de Loan.
En este contexto, la única opción que le queda a la defensa es recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema, una alternativa que suele aplicarse solo cuando se agotan todas las demás vías de revisión.
Aunque la Corte puede —en casos excepcionales— intervenir, el estándar para la admisión de recursos extraordinarios es muy alto, y el proceso suele extenderse durante meses, si no años. Mientras tanto, Pérez y Caillava permanecerán tras las rejas.
La desaparición de Loan Danilo Peña sacudió al país no solo por la angustia natural ante la ausencia de un niño, sino por la oscuridad que rodea al caso. A medida que pasaron los días desde el 13 de junio, surgieron hipótesis que incluyen abandono de persona, secuestro, encubrimiento y hasta trata de personas.
Entre los imputados hay familiares, allegados y funcionarios públicos que participaron del almuerzo en el que Loan fue visto por última vez. En ese encuentro estaban, además del niño y su abuela Catalina Peña, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, quienes se ofrecieron a llevar a algunos niños de regreso a sus hogares. Fue en ese momento cuando, según distintas declaraciones, se perdió el rastro del menor.
Los fiscales federales sospechan que hubo una maniobra deliberada para sustraer al niño, con una posible logística previamente organizada. Tanto Pérez como Caillava quedaron involucrados por contradicciones en sus testimonios, inconsistencias horarias en sus movimientos, y por el hallazgo de rastros genéticos y registros de sus celulares que los vinculan con zonas claves para la investigación.
Además de Pérez y Caillava, también están procesados otros cinco implicados, entre ellos el comisario Walter Maciel, quien fue detenido por encubrimiento agravado, tras haberse desempeñado como jefe del operativo inicial de búsqueda.
La causa, caratulada como “desaparición forzada con fines de trata”, ha sido elevada al fuero federal, donde se maneja bajo estrictas medidas de confidencialidad. Aunque no hay todavía certezas sobre el paradero de Loan, los investigadores creen que el niño podría haber sido entregado a una red de explotación, y que los responsables actuaron con una planificación meticulosa.
La desaparición de Loan y el involucramiento de figuras con peso institucional —como un exmilitar y una exfuncionaria municipal— generaron un cimbronazo político en la provincia de Corrientes y un profundo malestar en la sociedad. Las marchas y pedidos por “Justicia por Loan” se multiplicaron en plazas, redes sociales y medios de comunicación.
A medida que la causa avanza, la atención mediática sigue enfocada en los movimientos judiciales, especialmente aquellos que pueden marcar el rumbo hacia un juicio oral, o revelar nuevas piezas de un rompecabezas que sigue incompleto.
Con este nuevo revés judicial, el camino para Carlos Pérez y María Victoria Caillava se vuelve cada vez más angosto. El rechazo del recurso de Casación significa que la Cámara avala la solidez de la imputación y ratifica que los acusados deben seguir detenidos mientras se investiga el caso.
La defensa podría presentar una queja ante la Corte, pero las posibilidades de éxito son escasas. Mientras tanto, la causa continúa, y la sociedad sigue esperando una respuesta clara: ¿Dónde está Loan?
