La coordinación entre las fuerzas policiales de ambos países se activó de inmediato. Autoridades bolivianas confirmaron que se pusieron en contacto con sus pares de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Salta para intercambiar información sobre posibles movimientos de los sospechosos en el área de frontera. La hipótesis principal apunta a que los asesinos cruzaron rápidamente hacia territorio argentino, donde podrían haberse refugiado.
Mientras tanto, el cuerpo de Cuéllar fue trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia. El resultado preliminar confirmó que el ingeniero murió en el acto producto de los impactos de bala en el cráneo. Los peritos también encontraron casquillos de un arma de fuego calibre 9 milímetros, una de las más utilizadas en ataques de tipo mafioso.
La familia de la víctima viajó de inmediato desde Salvador Mazza hasta San José de Pocitos para realizar los trámites de repatriación del cuerpo. En redes sociales, amigos, compañeros de universidad y excolegas de trabajo expresaron su dolor y consternación. “Cada uno de nosotros guarda en el corazón un pedacito de él, de esos momentos compartidos que hoy se transforman en recuerdos eternos”, escribieron sus excompañeros en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.
El crimen generó una ola de indignación en ambas localidades, donde Cuéllar era conocido por su perfil tranquilo, su compromiso laboral y su espíritu solidario. En Salvador Mazza, vecinos y allegados organizaron una marcha pacífica frente al municipio para exigir justicia y pedir una investigación conjunta entre ambos países. “No queremos que este caso quede impune. Osvaldo era una persona buena, trabajadora, sin enemigos. Esto no puede haber sido un robo”, dijo una amiga de la familia.
Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque las primeras líneas de investigación descartan el robo como móvil, ya que el ingeniero tenía todas sus pertenencias personales al momento del hallazgo. Su celular, su billetera y su documentación estaban intactos. Esta circunstancia refuerza la posibilidad de que se haya tratado de un ataque por encargo o un ajuste de cuentas ajeno a su entorno inmediato.
Fuentes de la investigación en Bolivia sostienen que Cuéllar frecuentaba San José de Pocitos por motivos laborales, ya que colaboraba con una empresa dedicada al desarrollo de software para comercios de la zona. Según versiones recogidas por medios locales, habría estado realizando trabajos de soporte técnico en el momento previo al ataque.
El fiscal departamental de Yacuiba, responsable de la jurisdicción boliviana donde ocurrió el crimen, confirmó que se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Criminal para seguir las pistas de los agresores. “Estamos trabajando con información de cámaras y testimonios de vecinos. Todo indica que se trató de un ataque planificado”, aseguró.
Del lado argentino, la Policía de Salta mantiene comunicación constante con la Fiscalía Federal de Tartagal, que ya abrió una investigación paralela por posible fuga de los autores hacia territorio nacional. Sin embargo, la falta de registros migratorios y los caminos alternativos que conectan ambas localidades dificultan el rastreo de los sospechosos.
El caso también encendió alertas sobre el aumento de crímenes violentos en la frontera, una zona que, en los últimos años, se convirtió en corredor de tráfico de drogas, contrabando y delitos transfronterizos. Las autoridades locales han advertido reiteradamente sobre la presencia de bandas armadas que se mueven entre ambos países aprovechando la debilidad en los controles.
Un informe reciente de la prensa salteña detalló que, solo en lo que va del año, más de una docena de homicidios con características similares se registraron en el eje fronterizo entre Pocitos y Salvador Mazza. En muchos de esos casos, las víctimas fueron atacadas por motochorros o sicarios que desaparecieron sin dejar rastros.
El asesinato de Osvaldo Cuéllar reaviva el debate sobre la falta de cooperación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la vulnerabilidad de las zonas limítrofes, donde la línea divisoria entre ambos países puede cruzarse en minutos sin control alguno. “No hay cámaras, no hay patrullaje, y los delincuentes saben perfectamente cómo moverse. Mientras tanto, las víctimas son siempre los trabajadores”, lamentó un dirigente vecinal.
En medio de la conmoción, la familia de Cuéllar pidió respeto y prudencia en la difusión de imágenes del crimen. También agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde ambas comunidades. “Osvaldo era un hombre bueno, dedicado a su familia y a su trabajo. No entendemos por qué le hicieron esto”, expresó su hermana en declaraciones a medios locales.
Mientras tanto, las autoridades bolivianas mantienen en reserva el avance de la investigación, aunque se espera que en los próximos días se conozcan los resultados de las pericias balísticas y el análisis de cámaras de seguridad. Las esperanzas están puestas en poder identificar la moto utilizada por los asesinos, que podría ser la clave para dar con ellos.
En Salvador Mazza, la tristeza se mezcla con la bronca. Muchos vecinos señalan que este crimen podría haber sido evitado si existiera una mayor presencia policial en la frontera. “Hay pasos ilegales por todos lados, los controles son mínimos. Los delincuentes hacen lo que quieren”, denunció un comerciante local.
El recuerdo de Osvaldo Cuéllar queda ahora marcado por la injusticia y el dolor. Un joven ingeniero que soñaba con seguir creciendo profesionalmente, asesinado brutalmente a pocos metros de su tierra natal. La frontera que lo vio nacer y trabajar se convirtió también en el escenario de su muerte, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar y un nuevo llamado de atención sobre la violencia que avanza en el norte argentino y boliviano.