La declaración oficial confirmó un dato central para la investigación: la interrupción del embarazo efectivamente se llevó a cabo en la clínica allanada.
La fecha consignada coincide con la documentación médica secuestrada durante el operativo realizado por la Policía Bonaerense.
Además, desde la fundación aseguraron que las autoridades preservaron el material genético necesario para avanzar en la causa que investiga la violación de la menor.
La investigación judicial y el rol de CIGESAR
El caso es investigado por el fiscal Santiago Bridoux, quien busca obtener una muestra de ADN del feto para identificar y acusar a los presuntos responsables del abuso.
Actualmente, dos sospechosos permanecen prófugos. Uno de ellos sería un familiar directo de la víctima. Los investigadores creen que la fundación habría gestionado el traslado de la nena y su madre desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, además de coordinar la práctica médica.
La organización, dedicada a la salud reproductiva, había evitado realizar declaraciones públicas hasta la difusión del comunicado.
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Las pericias de ADN sobre los restos hallados serán determinantes para el futuro de la causa. Si se confirma la vinculación genética con la menor, la investigación por posible trata quedaría descartada y la evidencia se incorporará al expediente por abuso sexual.
Mientras tanto, la Justicia continúa la búsqueda de los sospechosos y profundiza la investigación sobre toda la operatoria que rodeó el caso.